El Supremo amenaza con imputar a funcionarios si sueltan a los presos

La Generalitat está estudiando si los presos a los que se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, incluidos los nueve líderes independentistas condenados por el 1-O, pueden salir de la cárcel para pasar en sus casas el confinamiento decretado por el Gobierno central para frenar el coronavirus. Así lo anunció la consellera de Justicia, la leridana Ester Capella, que indicó que las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes examinan las vías legales para hacerlo porque, ante una situación excepcional, “hay que adoptar medidas excepcionales”. Sin embargo, el Tribunal Supremo emitió una nota en la que avisó a los funcionarios de las prisiones catalanas de que, si deciden soltar a los dirigentes soberanistas, incurrirán en un delito de prevaricación.

Capella aseguró que “ya están confinadas en su casa” el 69% de las personas en tercer grado” e indicó que los requisitos para disfrutar de esta medida serían tener un domicilio conocido y presentar un bajo riesgo de reincidencia. Con todo, apuntó que, en el contexto actual, “ha de haber menos gente” en la cárcel y que por eso han solicitado a las juntas de tratamiento estudiar si es posible que los presos con el 100.2 pueden pasar el confinamiento en sus hogares. Al hilo de esto, el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, subrayó que muchos presos han salido de la cárcel estos días y que es inevitable pensar “qué ocurre con nosotros”. La réplica del Supremo al anuncio de Capella no se hizo esperar y publicó una nota en la que avisó de que si los funcionarios de prisiones dejan salir a los líderes independentistas de la cárcel para confinarse con sus familias podrían incurrir en prevaricación. Así, el Alto Tribunal avanzó que, si se toma esa decisión, requerirán a las juntas de tratamiento para que “expliquen el fundamento de la resolución” y se identifique a los funcionarios que la hubieran apoyado para “exigirles responsabilidades penales”.

Capella afirma que en momentos excepcionales “hay que adoptar medidas excepcionales”

Tras la réplica del Supremo, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, lamentó que “alguien pueda pensar” que una decisión así sea prevaricación. En la misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, subrayó que “los funcionarios han de poder desempeñar su labor sin amenazas”. Mientras tanto, Carles Puigdemont tachó de “miserables” a los magistrados del Supremo. Los comunes y la CUP también se mostraron a favor de la salida de los presos de la cárcel por el coronavirus.