El juez del caso 3% imputa a cuatro exconseller de CDC por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a los exconseller convergentes Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por un presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales y donaciones que supuestamente cobró Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso conocido como del 3%.

En el auto el magistrado acuerda la apertura de una pieza separada, denomina “Donaciones Blanqueo”, dentro de la causa. Además de los consellers también se investiga a excargos de Convergència como Xavier Crespo, Montserrat Candini, Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Glòria Renom y Eduard Freixedes.

El juez considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron a partido entre 2009 y 2010 eran “actos de afloramiento de dinero” procedente de la “estructura de financiación ilegal” de CDC con el objetivo de “incorporar a la vía lícita las cantidades en efectivo que habían llegado al partido por distintas vías”.

La investigación está relacionada con las donaciones que tanto los exconsellers como el resto de procesados hicieron a la formación cuando esta lanzó una campaña en la que pidió un “esfuerzo extra a sus militantes”. El juez considera sorprendente “la extraña práctica” que llevaron a cabo ya que llegaron a realizar dos donaciones de 3.000 euros, con separación de apenas unos días, o en algunos casos horas. El fiscal pidió la imputación de los exconsellers al estimar que “las aparentes donaciones” eran en realidad “dinero procedente de delito”.

En otra línea de supuesta financiación irregular, están implicadas empresas que al parecer hacían donaciones a cambio de concesiones.

Carpetazo a la causa a Ribó por el viaje a la Champions El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha archivado la pieza abierta, en el marco de la investigación conocida como el ‘3%’ sobre presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya, contra el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por el viaje que presuntamente le pagó el empresario Jordi Soler para acudir a la final de la Champions en Berlín (Alemania) en 2015. El magistrado afirma que, más allá de valoraciones “políticas, éticas o morales”, no existen “indicios fundados y serios que permitan afirmar sólidamente” que el regalo realizado por Soler a Ribó se produjera “en consideración a su función” e incurriera en un delito de cohecho. Por ese motivo el juez rechaza poner en conocimiento de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.