Jordi Sànchez acusa a la conselleria de Justicia de “mala praxis” con él

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez reprochó ayer a la conselleria de Justicia de la Generalitat “mala praxis” por anunciar el jueves que la Junta de Tratamiento de la cárcel Lledoners había tramitado una propuesta para que pudiera salir de la cárcel y trabajar en la Crida, algo que finalmente la Junta rechazó el viernes elevar a la jueza “por unanimidad”. “Pido públicamente que no se vuelva a repetir esta mala praxis, que solo intereses espurios pueden explicar”, afirmó en un comunicado, en el que asegura que la Junta sí ha avalado una salida de nueve horas a la semana para hacer un voluntariado en la Fundació Canpedró.

La secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat explicó el jueves que la Junta de Tratamiento había modificado las condiciones de aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para trabajo y voluntariado de Sànchez, ampliando su horario de salida a 12 horas diarias cinco días a la semana. Sànchez asegura que esta es “la situación más desagradable” que asegura haber vivido desde la notificación de la condena de cárcel por sedición del 14 de octubre, y añade que sigue sin saber el porqué de la decisión de la Junta. Defiende que “la naturaleza sociopolítica de la Crida no puede ser la causa de la negativa de la Junta de Tratamiento a tramitar el 100.2” laboral, y destaca que el mismo Tribunal Supremo destacó textualmente en su sentencia que la finalidad de la causa del 1-O no era criminalizar un proyecto político.

Justicia informó del visto bueno a las salidas de Sànchez y al día siguiente la petición fue rechazada

Horas después, la conselleria de Justicia emitió un comunicado en el que lamenta el “error” cometido en su información del jueves. “En realidad, la junta (de Lledoners) votó desfavorablemente porque consideró que la propuesta no se ajustaba a las condiciones establecidas en el programa individual de tratamiento (PIT)”. El programa de tratamiento de Sànchez establece que “la reinserción laboral será en el ámbito privado, en la docencia o en una actividad similar, de acuerdo con su formación académica y perfil profesional”. Así, la Junta es contraria a que Sànchez trabaje en la Crida porque “su PIT no contempla la posibilidad de desarrollar una actividad laboral vinculada al activismo social o político”. “No obstante, la Junta de Tratamiento ha elevado el acuerdo al juzgado de vigilancia penitenciaria, que es quien tiene la última palabra sobre la oferta laboral”, destaca la Conselleria.