?PROCÉS? TRIBUNALES
El fiscal rebaja la acusación a Trapero y se abre a que no entre en la cárcel
Pide 10 años de prisión por sedición pero plantea una multa alternativa de 60.000 euros si le condenan por desobediencia || También suaviza los cargos contra Puig
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajó ayer la petición de pena contra el exmajor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por el 1-O. En la primera sesión del juicio contra la antigua cúpula de la Políca catalana en relación con el referéndum de hace tres años después del parón obligado por la pandemia del coronavirus, el Ministerio Público reemplazó la acusación de rebelión contra Trapero por la de sedición, que conlleva penas de prisión inferiores, e incluso se abrió a que el exjefe de los Mossos no llegue ni a pisar la cárcel. Así, el fiscal pide ahora una condena de 10 años de prisión para Trapero por sedición, frente a los 11 años que reclamaba hasta ahora por rebelión. No obstante, en caso de que el tribunal le condene sólo por desobediencia, se conformaría con una multa de 60.000 euros y un año y ocho meses de inhabilitación. De esta forma, en el regreso a la actividad en la Audiencia Nacional, la Fiscalía amoldó sus pretensiones a las condenas que impuso el Tribunal Supremo contra los líderes del procés por el 1-O, que fueron por sedición.
En paralelo, el Ministerio Público también rebajó la petición de pena para César Puig, exsecretario general de Interior de la Generalitat, al que le solicita la misma condena que a Trapero. También pide lo mismo para el exdirector de los Mossos Pere Soler. A los tres les considera “autoridad” por los cargos que desempeñaban en la Generalitat en 2017. Mientras tanto, mantuvo los cargos contra la intendente Teresa Laplana. Está acusada de sedición y la Fiscalía pide para ella 4 años de prisión o, alternativamente, un año de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia.
La Fiscalía presenta un recurso contra un permiso penitenciario concedido a Cuixart hace tres meses
Tras conocerse la noticia, Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso y que ejerció como abogado del Estado en la instrucción de la causa en el Supremo contra la cúpula del 1-O defendiendo las tesis de la rebelión en el procés, dijo que respeta la decisión. “Después de la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto principal, se trata simplemente de una readapatación a la sentencia que ya existe de la calificacion que en su día se realizó por sedición”. En cambio, Jorge Buxadé, dirigente de Vox, dijo que la Fiscalía trata de “aligerar el peso criminal” del “traidor” Trapero.
Entretanto, la Fiscalía de Barcelona presentó ayer un recurso contra la decisión de la junta de la cárcel de Lledoners del 5 de marzo de conceder al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, un permiso penitenciario.