Tormenta política al adjudicar Salud un contrato de 17,6 millones a Ferrovial

Profesionales sanitarios, sindicatos, políticos y movimientos vecinales criticaron ayer la decisión de Salud de externalizar el rastreo de posibles contagios de Covid-19 a una empresa filial de Ferrovial con un contrato adjudicado sin concurso público por valor de 17,6 millones de euros. La propia consellera de la Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), instó a la conselleria de Salud, liderada por Alba Vergés (ERC), a “escuchar” a la comunidad médica, contraria a esta adjudicación, y abrió la puerta a “modificar” la decisión. El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y el de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, Antoni Sisó, exigieron rectificar esta externalización. Incluso el propio partido de Vergés, ERC, pidió que Salud “revierta” el contrato y defendió “un programa público” que gestione la atención telefónica. Asimismo, la CUP presentó una moción en el Parlament instando al Govern a rescindir de forma “inmediata” el contrato. En la misma línea, los sindicatos Infermeres de Catalunya, SATSE Catalunya y CCOO y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona también pidieron rectificar este contrato, y recordaron que la sanidad pública catalana “lleva muchos años debilitada por recortes presupuestarios y externalización de servicios”.

Por otra parte y en referencia a los 16.000 millones de euros que el Gobiernocentral repartirá entre comunidades, Budó lamentó que con los cambios de criterio “Catalunya salga malparada, como es habitual”.