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La distancia social y el uso de mascarillas regirán la vida en la “nueva normalidad”

Los 1,5 metros la separación entre personas también serán necesarios en el puesto de trabajo || El Gobierno de Sánchez pacta con Ciudadanos y el PNV y despeja así su aprobación en el Congreso

El Consejo de Ministro fue el primero presencial desde el 14 de marzo y se guardó un minuto de silencio.

El Consejo de Ministro fue el primero presencial desde el 14 de marzo y se guardó un minuto de silencio.SEGRE

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El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto con las medidas que deberán seguirse una vez finalice la desescalada y se pase en la denominada “nueva normalidad”, que se alargará hasta que se logre encontrar una cura contra el coronavirus. Entre las medidas que contempla normativa, y que ya se conocían, se encuentran el distanciamiento social, que se fija en 1,5 metros, y el uso de mascarilla siempre que no sea posible cumplirlo, tanto es espacios públicos como privados y en todo momento en el transporte público, además contempla multas de hasta 100 euros por no llevarla. Este distanciamiento también será obligatorio en el trabajo, donde se deberá proporcionar a los empleados desinfectantes y las EPIs necesarias en caso de no poder cumplir con la separación.

El decreto, que fue consensuado con los gobiernos autonómicos, recoge también la competencia exclusiva de las comunidades autónomas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito territorial. No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio por hecho que el 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma, todo el Estado estará ya dentro de esta “nueva normalidad” por lo que se podrá poner fin a las restricciones de movilidad entre ellas.

Las residencias deberán coordinarse con los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas

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En cuanto a lo referente a la deberes de los diferentes territorios estos deberán facilitar datos para el seguimiento y vigilancia epidemiológica, así como la situación de su capacidad asistencial y necesidades de recursos sanitarios y personal.

Asimismo, las residencias de mayores o de personas con discapacidad, así como los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género deberán estar coordinados con los recursos sanitarios de las comunidades autónomas cuando concluya el estado de alarma. Además deberán disponer de planes de contingencia por Covid-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos.

Este texto todavía debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados, pero el Gobierno de Pedro Sánchez dejó prácticamente despejado el camino parlamentario hacia la “nueva normalidad” gracias a los pactos alcanzados con Ciudadanos y con el PNV para que apoyen el decreto.

La formación naranja anunció su respaldo después de que haya introducido algunas “mejoras”, como la de fijar la distancia mínima interpersonal en 1,5 metros, y no de entre los 1,5 y 2 metros contemplado en el borrador inicial. Los de Inés Arrimadas esperan que, al exigirse una distancia menor, se pueda aumentar el aforo máximo permitido en locales de ocio.

Por otra parte, a petición del PNV, se modificó la redacción del artículo 3 del decreto para especificar que la Administración General del Estado podrá “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad” adoptar “de acuerdo con sus competencias”, matiz incorporado a petición del PNV, las medidas que considere necesarias para asegurar su cumplimiento. Los votos a favor de los diez diputados de Ciudadanos y los de los seis del PNV se añadirían así a los 120 del grupo socialista y a los 35 de Unidas Podemos. La suma sitúa por ahora el apoyo en los 171 síes, una cifra que deja casi asegurada la convalidación. Falta por conocer la posición de ERC, con el que el Ejecutivo está negociando, y de formaciones con menos representación como Más País, Compromís, PRC o Teruel Existe.

Mientras, el PP lamentó que ningún miembro del Gobierno se haya puesto en contacto con ellos para negociar.

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