La jueza del 8-M archiva provisionalmente la causa porque no ve "indicios" de delito
Considera que el delegado del gobierno español no tuvo un conocimiento "cierto, objetivo y técnico" de los riesgos
Imagen de la participación de Montero en la marcha del 8-M.
La magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid que investiga las movilizaciones del 8-M ha decidido archivar provisionalmente la causa porque no ve "indicios" del delito de prevaricación administrativa en la actuación del delegado del gobierno español, José Manuel Franco. Después de la práctica de diligencias de investigación concluye que Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico" del riesgo para las personas que suponían las manifestaciones y concentraciones. La resolución también remarca que el investigado tampoco recibió ninguna "comunicación o instrucción sanitaria" sobre los hechos.
Además, señala que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del gobierno de Madrid a prohibir o restringir alguna forma de celebración de concentraciones o manifestaciones en razón de la covid-19".
La jueza, en cambio, deniega el archivamiento definitivo que pedía la Abogacía del Estado.
Contra el auto se puede presentar un recurso de reforma ante este juzgado o de apelación al Audiencia Provincial de Madrid. Franco declaró este miércoles como investigado y aseguró ante la magistrada que "no había ningún elemento" para prohibir "el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de la manifestación, el 8-M.
