POLÍTICA PARLAMENT
Montilla defiende que su fichaje por Enagás es “legal”
El expresident niega que sea puerta giratoria ni corrupción || Entre las críticas de partidos al comparecer en el Parlament
José Montilla, durante la Comisión del Parlament.
José Montilla defendió ayer que su incorporación en el consejo de administración de Enagás es “legal” y considera que el ejercicio de este cargo es compatible con su función de expresident de la Generalitat de Catalunya.
Así lo manifestó en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, convocada a petición de Cs, JxCat, ERC y la CUP, después de que, a principios de junio, surgiera la polémica sobre la incorporación de Montilla al consejo de administración de la compañía y sobre si utilizaría su oficina de expresidente.
El expresident ha comparecido por demanda de Cs, JxCat, ERC y la CUP, que censuran su cargo
Tras empezar afirmando que comparecía por respeto al Parlament y que le corresponde como expresident, apuntó que su incorporación a Enagás “no responde a intereses de ningún grupo accionista”. “No tengo ni he tenido acciones de Enagás, ni de ninguna empresa del Ibex”, recalcó Montilla, destacando que su único objetivo es buscar el interés general, y aseguró que su experiencia como exministro de Industria, entre otros puestos, le da una perspectiva necesaria para afrontar los retos del sector.
Por ello, defendió su incorporación a la dirección de la energética y lo justificó por su conocimiento del sector energético. “Yo no me he corrompido”, aseguró.
También concretó que aceptó incorporarse a Enagás porque “podía hacerlo, porque las normas que regulan la actividad de los expresidentes no contemplan restricción alguna” sobre su participación en consejos de administración.
Por otra parte, a los que ven una práctica de puertas giratorias, Montilla constató que, en un sistema democrático, “la ética y la moral se derivan de las normas que se aprueban en los parlamentos”, y recordó que dejó de ser ministro de Industria hace 14 años y la Presidencia de la Generalitat hace casi una década.
Desde ERC, le acusaron de anteponer la política de partido a su papel institucional, mientras JxCat pidió que reconsidere su postura, al tiempo que la CUP considera que su caso ilustra “la mafia del régimen del 78”.
