La Generalitat concede la semilibertad a los presos del 1-O

La Generalitat concedió ayer la semilibertad a los nueve líderes del procés, al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen condena para que pasen a este régimen de semilibertad, una medida que se aplicará de forma inmediata pero que podrá ser revisada por el Tribunal Supremo. El recurso al Alto Trobunal se da por hecho, dado que la Fiscalía ya anunció su intención de recurrir esta decisión.

Según informó el departamento de Justicia, el Servicio de Clasificación de la secretaría de Medidas Penales ratificó la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras que, de forma unánime, apostaron a principios de julio por conceder el tercer grado a los líderes del procés, condenados por el Supremo por delitos como sedición y malversación.

De esa forma, el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, así como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart solo tendrán que ir a dormir a la cárcel y podrán pasar los fines de semana en casa. Una vez que la decisión se haga efectiva, se abrirá un plazo en el que la Fiscalía podrá recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria, aunque sería el Tribunal Supremo, sentenciador del procés, quien tendría la última palabra.

Para concederles el régimen abierto, Justicia ha tenido en cuenta que todos han participado en actividades de “razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos” y mostrado la “máxima colaboración” durante su estancia en prisión.

El Govern celebra la decisión de Justicia pero exige su libertad El Govern celebró que el departamento de Justicia de la Generalitat ratifique el tercer grado para los líderes independentistas presos pero señaló que esta decisión “evidencia más que nunca” la “injusticia” de tener dirigentes encarcelados y en el “exilio”. “Lo que queremos no es que se les conceda la semilibertad sino su libertad”, aseveró la portavoz del Executiu, Meritxell Budó. En este sentido también se pronunció la consellera de Justicia, Ester Capella, que insistió en que tanto el tercer grado como el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que se les aplicaba hasta ahora “es cumplimiento de la condena. No es libertad”. Por el contrario PP y Cs consideraron esta decisión como “un atropello a la democracia” e instaron al Gobierno central y la Fiscalía a tomar las medidas para frenarlo.