Los presos del 'procés' podrán ya dormir en casa este fin de semana

Los nueve líderes independentistas presos dormirán cuatro días a la semana en la cárcel y tres en su casa, a partir de hoy, según acordaron ayer las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses una vez la Generalitat les dio el visto bueno a concederles el tercer grado. Si no hay sorpresas de última hora, el exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, así como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart saldrán hoy mismo de prisión para pasar el fin de semana en sus casas, puesto que la medida es de ejecución inmediata y solo puede ser revocada por orden judicial.

De acuerdo con la normativa sobre el régimen de semilibertad los nueve podrán trabajar fuera de prisión y tener una “participación plena y responsable en la vida social y familiar”.

ERC no cierra la puerta al diálogo con el Gobierno aunque sostiene que está involucrado en el caso

La Fiscalía, que ha recurrido hasta ahora todos los permisos y medidas de flexibilización del régimen penitenciario de todos ellos, ya anunció que tiene intención de recurrir esta decisión, por lo tanto el Tribunal Supremo, órgano condenatorio, será el que tenga la última palabra.

Paralelamente, Amnistía Internacional y Òmnium Cultural reclamaron a España que se comprometa ante la ONU a “reformar” el delito de sedición, a través del cual consideran que se ha “restringido indebidamente” la libertad de expresión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Asimismo el sindicato UGT registró una petición al ministerio de Justicia, firmada por los alcaldes de Barcelona, Ada Colau, Girona, Marta Madrenas, Tarragona, Pau Ricomà, y Lleida, Miquel Pueyo, en la que se solicita que se le conceda el indulto a Dolors Bassa.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado como investigado al president del Govern, Quim Torra, el próximo 29 de julio para declarar por la segunda causa que afronta por desobediencia, por desoír una orden para retirar del Palau de la Generalitat una pancarta con lazo amarillo en apoyo a los políticos presos. Torra, que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contra la condena de un año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral, tiene abierta esta otra causa por desoír una orden del alto tribunal catalán que le obligaba a retirar dicha pancarta.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo presentados por el expresident Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín contra la decisión del Supremo de mantener sus órdenes españolas de detención en 2019 tras ser elegidos eurodiputados, un cargo que actualmente ostentan.

En otro orden de cosas, el expresident de la Generalitat Artur Mas admitió, en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, que el caso del desfalco del Palau de la Música, que implicó a Convergència, fue una de las razones que le llevó a renunciar “a todo” en el ámbito político, y a entender que su trayectoria política había acabado. Por eso añadió que, pese a no estar inhabilitado actualmente, no tiene intención de volver a primera línea política.

Querella contra el exdirector del CNI por el “espionaje” El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, se querellarán contra Félix Sanz, que dirigía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2019, cuando presuntamente sus teléfonos móviles fueron espiados a través del programa “Pegasus” desarrollado por una compañía israelí. Según anunció Esquerra, ambos acusan a Sanz de intrusión no autorizada y espionaje informático, lo que se encuadra en los delitos contra la intimidad, sancionados con penas de cárcel y agravados en el caso de ser cometidos por funcionarios públicos. Pese a que inicialmente la denuncia va dirigida a Sanz, no descartan ampliarla a otros presuntos implicados. La querella también señala que España es desde 2015 clienta de la empresa NSO, la fabricante del programa. Según publicó el diario El País, el CNI confirmó que tienen el programa espía, pero puntualizó que sólo lo utilizan con orden judicial y según el diario Público la decisión de contratar los servicios de NSO fue del ministro del Interior del Gobierno del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de espiar a políticos catalanes.