Fiscalía pide al Supremo que suspenda los permisos de los presos para salir a trabajar

La Fiscalía solicitó ayer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la suspensión inmediata de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado, a todos los presos del procés, después de que una jueza dejara este martes sin efecto el tercer grado a cinco de ellos, el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

En un escrito dos de los fiscales de la causa del procés, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, pidieron al Alto Tribunal que siga para el resto de los presos el mismo criterio que fijó con la que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien suspendió la semana pasada los citados permisos al entender que no existía ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción relacionado con el delito cometido.

Los presos denuncian que se les quiera obligar a hacer un programa de reinserción para “cambiar sus ideas”

Hasta ahora, los recursos de apelación de la Fiscalía contra dicho artículo recaían en las Audiencias Provinciales, pero el Supremo asumió la competencia para revisarlos en un auto donde además señalaba que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos. En base a este último argumento, los fiscales quieren que en cuanto los recursos de apelación del resto de presos lleguen al Supremo, el tribunal acuerde la inmediata suspensión cautelar del artículo 100.2 mientras resuelve sobre el fondo del asunto.

Los cinco presos que el martes volvieron al segundo grado ya no pudieron salir ayer de prisión en virtud del 100.2, dado que tras la suspensión de su semilibertad la cárcel de Lledoners, donde cumplen condena, tendría que plantear la recuperación del mismo.

Ante esta nueva petición por parte de la Fiscalía, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, que están a la espera de que soliciten para ellos también la revocación del tercer grado, criticaron que se les pida que lleven a cabo un “programa de reinserción para cambiar sus ideas políticas” para poder acceder a estas salidas.

En otro orden de cosas, la defensa de Jordi Sànchez, recurrió la suspensión del tercer grado de su cliente argumentando que la decisión adoptada por la jueza “carece del más mínimo argumento que la fundamente y supone una interpretación excesiva de la ley”.

Aragonès avisa al Gobierno de que solo habrá diálogo si hay amnistía La suspensión de la semilibertad a cinco de los nueve presos del procés ha hecho tambalear la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que ve “venganza” en la actuación de la Fiscalía. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès pidió ayer un “movimiento claro” a favor de la amnistía y la libertad de los presos para facilitar el diálogo y defendió que no es el independentismo quien se ha levantado de la mesa, sino que ha sido el Ejecutivo, por la vía de los hechos, quien lo ha hecho “porque es la Fiscalía la que ha instado a la retirada del tercer grado”. En este sentido, el nuevo JxCat aseguró que tras este revés judicial la figura del mediador es más importante que nunca de cara a volver al diálogo. Ante estas críticas el Ejecutivo central defendió la separación de poderes y afirmó que no es él quien “impone o quita sanciones” y culpó a Junts de no tener voluntad de volver a sentarse a hablar.