POLÍTICA CATALANA
Bélgica rechaza extraditar al exconseller Puig al afirmar que el Supremo no puede juzgarle
El ex titular de Cultura no era diputado y pese a ello, el juez Llarena emitió la euroorden acusándole de malversación por el 1-O || La fiscalía belga recurre y la causa pasa al Tribunal de Apelaciones
Lluís Puig, junto a Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, en junio antes de declarar ante el Tribunal Belga.
La Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que examinó la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el exconseller Lluís Puig por malversación en el caso del 1-O, declinó ayer la ejecución al considerar “que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo”, puesto que Puig nunca fue diputado.
El 23 de junio, cuando tuvo lugar la audiencia donde se anunció la fecha de la decisión, Puig dijo que había pedido al juez que, si se decidía por una sentencia de no extradición, en ella quedara “claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern en 2017”.
El argumento de la defensa de Puig siempre ha sido que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas “la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos”, en palabras de los abogados.
Este asunto quedó desvinculado del caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su exconseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.
Las euroórdenes de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Supremo envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
La Fiscalía de Bruselas recurrió ayer la resolución del juez belga de primera instancia, por lo que el asunto pasa a manos del Tribunal de Apelación, la segunda etapa en el procedimiento para examinar la orden de detención y entrega emitida por el juez Llarena. No será el último paso, ya que las partes todavía podrían recurrir una vez más la decisión de esta instancia ante la Corte de Casación.
