Luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que incluye anular el juicio a Companys

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que incluye la anulación de las condenas por razones ideológicas durante el franquismo. Entre ellas, la del expresidente de la Generalitat fusilado Lluís Companys. El anteproyecto de ley, que actualiza la impulsada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero el año 2007, también prevé la ilegalización de fundaciones que "con recursos públicos" hagan apología a la dictadura o de otros que inciten al odio y la violencia contra las víctimas del franquismo.

La ley, que empieza su tramitación, también contempla una resignificación del Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil, la creación de una fiscalía de sala en el Supremo, de un censo nacional de víctimas, un mapa de fosas o un banco de ADN para identificar a las víctimas. La norma prevé sanciones de hasta 150.000 euros para los que la incumplan. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha afirmado que se trata de una ley "para encontrarnos todos".

Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, al anteproyecto de Ley de Memoria Histórica. Trece años después de la ley impulsada por Zapatero, el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha empezado la tramitación de esta norma que prevé prohibir la creación de fundaciones de carácter público o que "con recursos públicos" defiendan la dictadura franquista o enaltezcan figuras dictatoriales.

También declarará nulos los juicios y sentencias de tribunales franquistas. Entre ellos, el del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado hace 80 años. "Los consideraremos nulos de pleno derecho de acuerdo con nuestro orden constitucional", ha dicho Calvo. En este sentido, ha afirmado que no se pueden reconocer aquellos que "estuvieron sometidos a juicios sin garantías, condenados y ejecutados".

El anteproyecto promoverá, además, la exhumación de víctimas con la creación de un censo nacional y un banco de ADN. También se aprobarán ayudas para la recuperación de los restos de víctimas de la dictadura. En este sentido, Calvo ha dicho que el estado se hará cargo de la localización de los cadáveres y de "rendirles el tributo que se merecen". "No sabemos a ciencia cierta con el mapa de fosas a lo que nos tenemos que enfrentar ni el número de víctimas sin identificar que tenemos", ha insistido. "El banco de ADN ofrecerá la garantía de identificación y movilizaremos los recursos públicos necesarios para identificar y poder enterrarlos con la paz que se merecen", ha añadido.

Una fiscalía especial

La normativa, que tendrá una larga tramitación, también contempla ofrecer un tributo al exilio y la creación de una fiscalía de sala en el Supremo. La "reparación" también se contempla desde una perspectiva de género, con especial incidencia en las mujeres represaliadas por la dictadura, el colectivo gitano y el de los represaliados por su "condición sexual".

El Valle de los Caídos, un cementerio civil

En relación al Valle de los Caídos, Calvo ha explicado que el objetivo es "resignificar" el espacio para convertirlo en un cementerio civil protegido por el Patrimonio Nacional donde "los dos bandos de la guerra tengan paz".

Además, contempla la retirada de los títulos y condecoraciones "con connotaciones de carácter político" que se otorgaron a personajes "imprescindibles" para el golpe de estado, la dictadura y la "represión". No lo serán, en cambio, aquellos que no tenga vinculación política, a pesar de haber sido entregados en el mismo periodo.

La nueva ley que tramitará el Congreso también contempla que los archivos españoles puedan se consultados para obtener información relacionada con las fosas y las víctimas y dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre y el 8 de mayo.

Reconocimiento y reparación

Calvo ha asegurado que aunque se ha ido "tarde", "el gobierno ha decidido ir donde se tenía que ir". "No seríamos una gran democracia si no fuéramos capaces de enfrentarnos a nuestro pasado como han hecho otros países", ha afirmado. En este sentido, ha dicho que esta ley "tiene mucho que ver con el pasado pero también con el presente y el futuro" y que persigue dos objetivos. Por una parte, la defensa y el conocimiento de "nuestro pasado democrático" y, por la otra, el reconocimiento, la reparación y la justicia para las víctimas.

También ha dicho que espera que cuente con los máximos apoyos posibles y que todo el mundo se pueda "reconocer".