JUSTICIA VIVIENDA
Delgado ordena agilizar el desalojo de los okupas
Será prioritario si afecta a un particular || Pretende impedir que los efectos de los allanamientos de morada se prolonguen
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó ayer una instrucción en la que unifica criterios de actuación frente a delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles e indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las ocupaciones de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.
La instrucción tiene por objeto que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los perjudicados por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en el ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento. Ello debe hacerse “siempre que la medida cautelar sea justificada” y teniendo en cuenta la “situación de especial vulnerabilidad” de los okupas, entre las que cita menores, personas en desamparo o discapacidad.
Deben tener en cuenta “la vulnerabilidad” de los okupas, por ejemplo si son menores o discapacitados
En el documento se detallan cuatro supuestos en los que los fiscales deben pedir a los jueces el desalojo. Para ello, la Fiscal deja claro que el allanamiento se produce respecto a la casa o segunda residencia en las que el dueño desarrolla su vida privada, mientras que la usurpación se refiere a inmuebles que no constituyen la morada de nadie, es decir, que están deshabitadas y vacías. Así, si se incurre en un delito de allanamiento, se pedirá el desalojo en cuanto se aprecien indicios relevantes del delito; es decir, de forma inmediata. Para los casos de viviendas deshabitadas que no estén en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir un uso futuro, “deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias” para solicitar el desalojo
Esta medida pretende paliar la “preocupación social y sensación de inseguridad” que según Delgado, produce la okupación “no solo a los titulares de los inmuebles ocupados, sino también a los problemas de convivencia con los vecinos”.