ERC y JxCat insisten en reclamar la amnistía y ven el indulto un parche

El anuncio del Gobierno central de que la semana que viene comenzará a tramitar los expedientes de indulto de los doce condenados por el procés ha abierto una tormenta política. PP, Vox y Ciudadanos están convencidos de que se trata del precio que paga el Ejecutivo por la investidura y los presupuestos y los dos primeros anuncian que recurrirán a los tribunales si el Ejecutivo concede la medida de gracia. Mientras, desde los partidos soberanistas se insiste en que el indulto no es la solución y reclaman una ley de amnistía para todos los condenados.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, dijo que los indultos son “un parche” y pidió un acuerdo para amnistiar a los presos del 1-O.

El Senado rechaza la proposición de ley del PP para recuperar el delito de referéndum ilegal

En la misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, descartó que el inicio de la tramitación de los expedientes sea un “gesto” del Gobierno, ya que el proceso lo marca la ley. “Lo deben hacer por fuerza, no es ningún gesto, no hay ninguna voluntad que hayan añadido. Es una tramitación que marca la ley. Pero insistimos en que la solución política y democrática pasa por la amnistía y la autodeterminación”, recalcó.

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, tachó los indultos de meros “cantos de sirena”, y afirmó que no solucionan el conflicto, al tiempo que insistió en la demanda de la amnistía. Con todo, manifestó su respeto para todas las soluciones personales que puedan haber para los dirigentes independentistas encarcelados.

El PDeCAT, que también reclama una amnistía, considera que los indultos pueden facilitar “un proceso real de diálogo con el Estado”, aunque advirtió de que sería solo un “parche” que no resolvería el “problema político de fondo”.

Mientras, la diputada de la CUP Maria Sirvent remarcó que la “única resolución viable” al conflicto catalán es “el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la amnistía”, reivindicaciones que también reiteraron tanto la ANC como Òmnium Cultural.

Entretanto, el presidente del PP, Pablo Casado, dejó claro que su partido recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse. “Se ve que este era el precio que tenía que pagar (Pedro Sánchez) por la investidura”, manifestó Casado, quien tachó de “inmoral” que el Gobierno se alíe con los independentistas para mantenerse en el poder, en vez de consensuar con el PP “un Pacto de Estado por la sanidad y un plan de choque económico”.

“Como ministro de Justicia tengo la obligación legal de tramitar las solicitudes que lleguen al ministerio”, respondió poco después el ministro de Justicia en La Sexta, donde garantizó que se actuará “con rigor y con transparencia”.

Vox advirtió de que “como de concederse (el indulto) será claramente ilegal, podemos asegurar que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance”, dijo la secretaria general de la formación en el Congreso, Macarena Olona.

Ciudadanos también mostró su rechazo tajante a conceder “indultos o privilegios” a los condenados, mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, valoró el anuncio de Justicia como un paso en la resolución del conflicto en Catalunya que “allana el camino” para negociar los presupuestos con el “bloque de la investidura” y posibilita asimismo la mesa de diálogo.

En medio de la polémica, el Pleno del Senado rechazó una proposición de ley del PP para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y que proponía penas de cárcel de 8 a 10 años e inhabilitación.