Absueltos Rato y otros 33 acusados por la salida a Bolsa de Bankia

La salida a Bolsa de Bankia fue legal y contó con el beneplácito de los organismos supervisores, según la principal conclusión de la sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional, que absuelve, tras 8 años de causa, a los 34 acusados, entre ellos el ex presidente de la entidad y del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Rato ya estaba cumpliendo condena por el caso de las “tarjetas black” de Caja Madrid.

En la sentencia, que llega mientras la entidad se encuentra inmersa en su fusión con CaixaBank para crear la mayor entidad financiera del país, la Audiencia insiste en que la operación fue aprobada y seguida de cerca, entre otros, por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y sostiene que el folleto que se entregó a los inversores “contenía una amplia y certera” información. Asimismo cuestiona el papel de la Fiscalía Anticorrupción, por “la ausencia de menciones especificas” y las “escasísimas referencias a los implicados durante el juicio, así como la falta de atribución de hechos concretos a cada uno.

Las acusaciones tacharon de “injusta” la sentencia y anunciaron un recurso ante el Tribunal Supremo

El fallo de la Audiencia Nacional da una importancia clave al respaldo con el que contó Bankia por parte de los supervisores tanto en “la decisión de salir a bolsa como en la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco” ya que ambas resoluciones fueron enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban”, para luego determinar que “lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a bolsa de la entidad fue supervisado con éxito contando con la aprobación de todas las instituciones”.

La operación concluyó en el mayor rescate financiero de la historia de España y se inyectaron en la entidad más de 22.000 millones de dinero público para salvar al banco, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid.

Tras conocer la sentencia, las acusaciones manifestaron su malestar con una sentencia que calificaron de “injusta”. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas avanzó que la recurrirá ante el Tribunal Supremo.