POLÉMICA PARTIDOS
PSOE y Podemos reducirán la mayoría para renovar el CGPJ
Aspiran a que baste con una mayoría absoluta, lo que anularía el veto del PP || El cambio en el órgano lleva dos años bloqueado
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tiene el mandato caducado.
PSOE y Unidas Podemos dieron ayer un paso al frente para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la presentación de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que facilite los cambios en la cúpula judicial, sorteando así el veto que el Partido Popular ha impuesto en este sentido mientras los de Pablo Iglesias continúen en La Moncloa. La propuesta de las dos formaciones representadas en el Gobierno español pasa por modificar la ley orgánica del poder judicial para que sólo sea necesaria la mayoría absoluta del Congreso a la hora de renovar los miembros del CGPJ. Hoy por hoy, se exige el aval de tres quintas partes de los diputados, lo que condiciona los cambios en el órgano de gobierno de los jueces a que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, algo que no ha pasado en casi dos años. Y es que el mandato de los miembros del CGPJ, nombrados durante el Gobierno de Mariano Rajoy, caducó a finales de 2018, y entretanto han seguido efectuando nombramientos en contra del criterio del actual Ejecutivo español. Para que esto no ocurra en el futuro, la propuesta imita, asimismo, las atribuciones de un CGPJ en funciones.
Moncloa defiende la propuesta y PP, Vox y Cs la llevarán ante el TC ? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la propuesta de reforma de la ley para evitar el “bloqueo” del PP, y aseguró que contará con todas las “garantías”. Por contra, PP, Vox y Cs avanzaron que, si es aprobada, llevarán la nueva ley ante el Tribunal Constitucional. Para el líder de los populares, Pablo Casado, la reforma es un “atropello a la legalidad” que “no permitiremos”. Por ello añadió también que, si es necesario, recurrirán ante Europa para frenar los planes de La Moncloa. En la misma línea, tres de las cuatro asociaciones judiciales criticaron la proposición de ley porque, además, al no ser un proyecto de ley del Gobierno, elude los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.
