Condenados los miembros independentistas de la antigua Mesa del Parlament por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó ayer a una pena de inhabilitación de 20 meses y a pagar una multa de 30.000 euros a las leridanas Anna Simó y Ramona Barrufet, así como a Lluís Corominas y Lluís Salvadó, todos ellos representantes de JxSí en la Mesa del Parlament durante la anterior legislatura, por permitir la tramitación de las leyes de desconexión antes del 1-O y de la declaración unilateral de independencia. En cambio, los magistrados absolvieron a la exdiputada aranesa de la CUP Mireia Boya, que no formaba parte de este órgano de la Cámara catalana. Queda pendiente, por otra parte, el juicio a Joan Josep Nuet que, al ser ahora diputado de ERC en el Congreso, está aforado y tendrá que ser juzgado por el Supremo.

Así las cosas, los magistrados del TSJC consideraron probado que los cuatro dirigentes independentistas desoyeron las advertencias del Tribunal Constitucional y permitieron tramitar las leyes de desconexión y la declaración de independencia. En este sentido, manifestaron que la inviolabilidad parlamentaria que invocaron los ahora condenados para defenderse de las acusaciones por desobediencia “no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ni puede servir en modo alguno de argumento para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional”. Por el contrario, Boya, que estaba señalada por los mismos hechos que el resto, no fue condenada porque “no ostentaba una posición de intervención” en la tramitación de las resoluciones al no formar parte de la Mesa del Parlament, que entonces presidía Carme Forcadell. Forcadell, a diferencia de sus compañeros independentistas en este órgano, fue condenada por el Supremo a 11 años y medio de cárcel por sedición.

Tras trascender la sentencia, el independentismo calificó de “barbaridad” y “aberración” el fallo, mientras que PSC y Cs confiaron en que sirva para que el Parlament no vuelva a “saltarse la ley”.