Veintiún detenidos en un operativo policial por supuesta financiación ilegal del “procés”

La Guardia Civil detuvo ayer a 21 personas en el marco de un operativo contra una supuesta trama de financiamiento irregular, a través del desvío de fondos públicos, de la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica y otros gastos relacionados con el procés. Además se efectuaron 31 registros en ocho municipios de Barcelona y en Girona. Entre los detenidos figuran el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exalto cargo de CiU David Madí, así como el empresario Oriol Soler y el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. También fueron arrestados Xavier Vinyals, Toni Fuster, Roc Aguilera, Pilar Contreras, Marta Molina, Jordi Serra, Josep Campmajó y Jordi Mir.

El dispositivo policial fue ordenado por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Lleva el nombre de “operación Volhov”, igual que una batalla que protagonizó la División Azul en Rusia junto al ejército nazi. Investiga a empresarios y políticos vinculados con el independentismo a los que acusa de delitos de malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y desórdenes públicos.

Alay y Mir quedaron ayer en libertad con cargos. Está previsto que la mayoría de los detenidos queden también libres después de prestar declaración ante la Guardia Civil, aunque algunos de los principales acusados, como Madí, permanecerán en la comandancia más tiempo.

La operación deriva de una causa de 2016 por un supuesto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC como CATMón e Igman. Se enmarca en una causa por supuesto desvío de fondos públicos para el procés y es fruto de conversaciones telefónicas intervenidas durante un año y medio. Estas intervenciones telefónicas sacaron a la luz presuntos vínculos de algunos de los detenidos, como Vendrell y Campmajó, con Tsunami Democràtic, la plataforma que desencadenó protestas masivas contra la sentencia del 1-O. Paralelamente, se investiga si el ayuntamiento de Cabrera de Mar hizo una recalificación urbanística irregular para favorecer una fundación presidida por Vendrell.

Partidos y entidades independentistas criticaron que esta operación es una muestra más de que “la represión no tiene freno”. Puigdemont enmarcó la operación en “un intento de muerte política y civil del independentismo”, mientras el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunció un “montaje” policial contra el independentismo. Por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse al respecto.

Por otra parte, la Audiencia de Madrid confirmó ayer el archivo por la supuesta filtración del sumario de la investigación por terrorismo a miembros de los CDR en la Audiencia Nacional.

El juez sostiene que Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 soldados

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que ayer ordenó el operativo, asegura que Rusia supuestamente ofreció en otoño de 2017 al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana si declaraba la independencia. El juez basa sus sospechas en conversaciones intervenidas al presidente de la fundació Catmón, Víctor Terradellas, investigado en la causa previamente, con el exdirigente de ERC Xavier Vendrell y el excargo de CDC David Madí, ambos detenidos. Asimismo, cree que Soler se reunió con Julian Assange, fundador de Wikileaks, por “la estrategia de desestabilización” del Kremlin.

Por otra parte, la Embajada rusa en España se mofó a través de Twitter de estas acusaciones. “Están incompletas. Hay que añadir dos ceros al número de soldados”, dijo, y añadió que “las tropas deberían ser transportadas por aviones ‘Mosca’ y ‘Chato’ ensamblados en la Guerra Civil y escondidas en la sierra catalana”.