El Constitucional avala las devoluciones “en caliente”

El Tribunal Constitucional dio ayer su visto bueno a la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En una sentencia que tuvo los votos discrepantes de dos magistrados, el tribunal de garantías avaló las devoluciones “en caliente” de migrantes en la frontera de Ceuta y de Melilla al considerar que este régimen especial previsto para las ciudades autónomas “es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” para “restablecer inmediatamente la legalidad transgredida”. Igualmente, el Constitucional dio por bueno que se considere “infracción grave” el manifestarse delante del Congreso, del Senado o de los Parlamentos autonómicos y el incumplir las restricciones de circulación de personas. Por otra parte, cuando no constituyan un delito, los magistrados también avalaron que las ocupaciones de inmuebles en contra de la voluntad del propietario sean considerados una infracción. También las fuerzas de seguridad podrán sancionar en base a esta norma a los vendedores ambulantes sin licencia y a los que ocupen la vía pública “en infracción a lo que dispone la ley”. El único punto que tumbaron fue el del veto a grabar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desempeñando sus funciones.

La sentencia del Tribunal Constitucional llegó pasados cinco años desde la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, que ahora han quedado desestimados en su mayor parte. La norma fue recurrida por el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto.

Menos migrantes en Arguineguín pero sube la tensión institucional Unos 900 migrantes del total de 2.700 que llegó a haber en el muelle de Arguineguín hace solo unos días ya han salido del recinto. De este modo, mientras la presión en este campamento improvisado baja, sube la tensión entre el Gobierno español y las autoridades canarias. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acusó a la delegación del Ejecutivo en Canarias de impedir a 200 migrantes que habían sido trasladados a territorio tinerfeño tomar un barco con destino a Huelva. En cambio, fuentes del ministerio del Interior afirmaron no haber dado “ninguna orden” de impedir su desplazamiento. Así las cosas, portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, exigió que los migrantes sean trasladados a la península para compartir la carga de la migración con el resto del Estado. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, visitará hoy el archipiélago para tratar de rebajar el choque y el de Interior, Fernando Grande Marlaska, se desplazará a Marruecos.