CORRUPCIÓN JUSTICIA
Penas de hasta 15 años por la visita del Papa a València
Crespo y Correa, cabecillas de la trama 'Gürtel', afrontan las mayores condenas || Cobraron 3,2 millones en contratos ilegales
Álvaro Pérez , Francisco Correa y Pablo Crespo durante el juicio.
La Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta 15 años y 5 meses de prisión para los principales responsables de la trama “Gürtel” por la visita del papa Benedicto XVI a València en el año 2006 al considerar probado que incurrieron en múltiples delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo, entre otros. La sentencia impone penas de cárcel a 19 de los 23 acusados en la causa.
El tribunal fija la mayor condena para el exdirigente del PP gallego Pablo Crespo. Al líder de la red, Francisco Correa, le impone 13 años y 7 meses de prisión; y a Álvaro Pérez, alias “el Bigotes”, 6 años y 9 meses. Los tres estaban ya condenados por otras piezas del caso.
El exdirector de RTVV Pedro García Gimeno ha sido condenado a 6 años y 9 meses de prisión
También ha condenado a 6 años y 9 meses al exdirector de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 y 7 meses al vicepresidente de la empresa Teconsa José Luis Martínez Parra.
El resto de acusados ??tienen penas que van desde los ocho meses de prisión a tres años. Dos personas fueron absueltas y dos procesados ??han muerto: el expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Policía Juan Cotino; y Luis Sabater, exdirectivo de RTVV.
La Audiencia Nacional ha juzgado en esta rama del “caso Gürtel” la adjudicación ilegal al grupo de Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a València para el V Encuentro de la Familia, en julio de 2006.
Tras valorar las pruebas, el tribunal concluye que el director general de la RTVV adjudicó directamente a Teconsa, empresa interpuesta por el grupo Correa, un contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía con finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste de 3,2 millones de euros pagado. El contrato se firmó por un precio excesivo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se dotó de apariencia de ilegalidad; después, el dinero que cobró Teconsa se canalizó hacia los distintos beneficiarios a través de un entramado de facturas ficticias e irregulares.
