ADMINISTRACIÓN NEGOCIACIÓN
El CGPJ cumple dos años ya con el mandato caducado
PSOE y PP no se ponen de acuerdo para renovar a sus miembros || Polémica por la reforma impulsada por socialistas y Podemos
Reunión del CGPJ el pasado mes de octubre.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá el viernes dos años con el mandato caducado en espera de que el Gobierno español cierre un acuerdo con el PP sobre los nuevos vocales del órgano, en unas negociaciones que ya duran desde 2018 y sobre las que ambas partes guardan silencio debido a los fracasos del pasado. Nunca hasta ahora se había mantenido tanto tiempo en funciones el órgano de gobierno de los jueces. Habría que remontarse al primer Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, también con los populares en la oposición, para encontrar algo similar. Entonces, el CGPJ estuvo cerca de dos años en situación de interinidad, entre 2006 y 2008. Durante este período, el órgano, que entonces estaba controlado por una mayoría conservadora, se pronunció en contra de algunos de sus proyectos bandera de los socialistas, como la ley del matrimonio homosexual.
En aquel CGPJ estaban el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ahora responsable del área de Justicia e Interior del PP, Enrique López.
El ministro de Justicia espera que haya fumata blanca para este órgano el día de la Constitución
Los dos son magistrados, admiten su buena relación desde hace años y mantienen contactos discretos desde hace tiempo para renovar el CGPJ, pero las tensiones entre Moncloa y Génova no han permitido llegar a un entendimiento. Campo se muestra optimista y ha expresado varias veces su deseo de alcanzar un pacto para el día de la Constitución. Los populares, por su parte, se limitan a recordar sus condiciones, que son que Podemos no participe en la negociación y que se despolitice el órgano, descartando candidatos con trayectoria en la política. Así las cosas, semanas atrás, los de Pablo Iglesias, de la mano de los socialistas, lanzaron un órdago y presentaron en el Congreso una proposición de ley para reformar el mecanismo de renovación del CGPJ. Su objetivo era reducir de tres quintos a mayoría absoluta los apoyos que se necesitan en el Congreso para cambiar a los miembros del órgano, con lo que el aval del PP ya no sería necesario. Tras las críticas recibidas, la reforma ha quedado en suspenso.
