CASA REAL INVESTIGACIÓN
Juan Carlos I quiere regularizar con Hacienda solo unos 500.000 euros de ingresos opacos
Por el uso de tarjetas bancarias 'black', pero no por la fortuna que tiene en otros países|| Ante la posibilidad de que la Agencia Tributaria le expediente o el fiscal decida querellarse contra el emérito
El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre los años 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad, según publicó ayer el diario El País. El equipo jurídico de Juan Carlos I se reunió con responsables del ministerio de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos, procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito.
El padre del actual monarca pudo disponer de esos fondos a través de una persona que intervino como supuesto testaferro, el coronel del Ejército del Aire Nicolas Murga Mendoza, colaborador de Juan Carlos I, según la investigación abierta por Anticorrupción. La Fiscalía interrogó a Sanginés-Krause y a Murga Mendoza para conocer los detalles de estos gastos.
El rey emérito salió de España en agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos
El diario precisa que, en al menos dos de los tres ejercicios, la suma de fondos gastados sin ser declarados a Hacienda supondría un delito fiscal, pues la cuantía rebasaría los 120.000 euros.
La regularización no está relacionada con bienes en el extranjero, sino con el uso, por parte del rey emérito y algunos familiares suyos, de tarjetas bancarias con fondos opacos, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La ley establece que quedará exento de responsabilidad penal quien regularice su situación tributaria antes de que la administración tributaria o de justicia notifiquen al interesado que han abierto actuaciones para comprobar las deudas que mantiene con el fisco.
La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales. Hasta ahora, ni la Agencia Tributaria ha abierto expediente ni la Fiscalía ha presentado una querella, por lo que todavía puede acogerse al artículo 305.4 del Código Penal. Para hacer la regularización deberá pagar al menos un 70% de los ingresos no declarados (unos 350.000 euros si lo defraudado es algo más de medio millón, como acreditó la investigación en sus inicios). Está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos, que dirige las tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra él, archive las investigaciones o presente una querella.
El Gobierno se limita a comentar que “la ley es igual para todos”El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, señaló ayer en relación a la petición de regularización fiscal de Juan Carlos I que “la ley es igual para todos y ha de cumplirse”. El también secretario de Organización del PSOE consideró que Hacienda establecerá procedimientos de investigación “y determinará lo que tenga que determinar, pero lo importante es que no haya diferencia, se trata de la persona que se trate”. Asimismo, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, reivindicó que en España la Constitución establece de manera clara “cuáles son los vectores” del Estado, defendiendo que por ello, independientemente del cargo que se tenga, “todos los españoles” deben cumplir con el principio de legalidad.