1-O TRIBUNALES
El juez exonera a la Guardia Civil de los daños del colegio de Sant Julià de Ramis
Momento en el que la Guardia Civil intenta acceder al pabellón.
La Audiencia Nacional rechaza que el Estado indemnice con 13.427,43 euros del ayuntamiento de Sant Julià de Ramis por los destrozos en el pabellón durante el 1-O de 2017, donde se preveía que iba a votar el entonces President de la Generalitat Carles Puigdemont.
La sentencia desestima el recurso interpuesto por el consistorio y concluye que la Guardia Civil “no actuó antijurídicamente” porque los agentes estaban “amparados por una resolución judicial que ordenaba retirar todo el material relacionado con el referéndum convocado ilegalmente”.
De hecho, la resolución responsabiliza del ayuntamiento de los desperfectos, por valor de más de 13.000 euros, por haber puesto las instalaciones a disposición “de un proceso electoral ilegal”.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ha citado a declarar como investigados al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y al director adjunto operativo del cuerpo (DAO), José Ángel González, a quienes se atribuye un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores al establecer el dispositivo de antidisturbios en Barcelona durante los altercados tras la sentencia sobre el referéndum del 1-O, que se publicó en octubre de 2019.
