El ministro de Justicia avisa al Govern que la ley electoral no prevé suspender comicios

El Gobierno central advirtió ayer al de la Generalitat que la actual ley electoral no prevé la suspensión de comicios. El Govern, por su lado, defendió que tiene cobertura legal para aplazar los previstos para el 14 de febrero, en espera de que la resolución final se adopte hoy viernes. Se trata de alcanzar un consenso entre partidos. Pero si no lo hay, será el Executiu el que marque cuál será la fecha. Todo ello mientras la conselleria de Salud advierte de unas previsiones cuanto menos preocupantes para el 14 de febrero, con entre 3.000 y 4.000 casos de coronavirus diarios en esas fechas y entre 620 y 750 personas ingresadas en las UCIs.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió cautela porque ve una falta de previsión legal en el caso de un hipotñetico retraso de las urnas. “Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia”, afirmó.

La fecha alternativa que barajaría el Govern se sitúa en mayo o junio, pasada ya la Semana Santa

Desde la Generalitat defienden que tienen cobertura legal para posponer la cita electoral por el coronavirus y recuerdan el ejemplo de Galicia y el País Vasco, además de estar preparando un informe jurídico que, según fuentes del Executiu, dará seguridad jurídica a un hipotético aplazamiento. De hecho, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ya emitió en septiembre un dictamen que avalaba esta posibilidad y en el decreto de convocatoria del 14F firmado por el vicepresident, Pere Aragonès, se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la opción de posponer las elecciones por el coronavirus, aunque no concretaba en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos.

En este contexto, el Govern y los partidos catalanes se reúnen hoy en el Parlament. El PSC se mostraba contrario a cualquier cambio de calendario, pero ayer propuso poner las urnas en marzo y que Moncloa garantice la seguridad sanitaria de la jornada.

Fuentes del Executiu ya aseguraron que el Govern se decanta por posponer los comicios más allá de la Semana Santa, aunque la decisión no está tomada. En el caso de decidir el aplazamiento, el Govern deberá aprobar un decreto en el que es probable que incluya la nueva fecha, que podría ser en mayo para dejar al menos un mes y medio de tiempo tras Semana Santa.

Los socios del Govern no se han pronunciado públicamente de manera clara, pero previsiblemente avalarán que se pospongan.

El calendario, sin consenso, podría quedar en manos de los jueces La falta de consenso para aplazar las elecciones del 14-F podría dejar en manos de la justicia la fecha de los comicios. Expertos en derecho explicaron ayer que el amplio consenso de los partidos daría fuerza al cambio de fecha electoral. En caso de que no se produzca el acuerdo unánime o que particulares aleguen que se les vulnera el derecho al sufragio, la decisión recaería en el Tribunal superior de Justicia de Catalunya o en el Tribunal Constitucional.

La justicia debería determinar si se produce una situación de fuerza mayor que obligue al aplazamiento electoral. Los expertos recomiendan que, para garantizar el cambio de fecha, el Govern debería defender “sólidamente” que el proceso electoral no se puede hacer con garantías por los electores por la inexistencia de medios que permitan una votación segura. Todo ello, además, con el precedente de aplazamiento que hubo en Galicia y País Vasco.