LABORAL CRISIS
Los ERTEs se prorrogan hasta el 31 de mayo tras un pacto 'in extremis'
Gobierno y agentes sociales ratifican al acuerdo || Mantiene tanto el esquema de exoneraciones y protección como la cláusula de salvaguarda de empleo
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El Gobierno, la patronal y los sindicatos acordaron ayer prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 31 de mayo, con prácticamente las mismas condiciones que están vigentes en la actualidad.
Así lo confirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa para presentar los detalles del acuerdo, que se ha logrado “en un tiempo raudo y cumpliendo con un mandato: no agotar el tiempo de la negociación”, ya que se ha sellado a 12 días de que caduque la actual prórroga –el 31 de enero–. “Hemos actuado con responsabilidad para dar certidumbre a las empresas y los trabajadores”, recalcó.
El Ejecutivo no plasma la ampliación a 35 años, que enfrentaba a los dos partidos de la coalición
El acuerdo extiende los ERTE hasta el 31 de mayo manteniendo el mismo esquema de exoneraciones y protección, así como las cláusulas de salvaguarda de empleo durante seis meses, la prohibición de que las empresas repartan dividendos y la de operar en paraísos fiscales. También se amplía la cobertura a algunas actividades y se incluyen cambios administrativos que supondrán la prorroga automática de los expedientes en curso, descargado de costes de gestión y burocráticos a las empresas. “Incorporamos una simplificación administrativa: las empresas no tendrán que volver a presentar una reclamación colectiva, simplemente deberán comunicar el hecho del ERTE”, dijo la ministra.
La prórroga tendrá un coste para las arcas públicas superior a los 5.000 millones de euros, entre prestaciones a los trabajadores y exoneraciones en las cotizaciones de las empresas.
En estos momentos hay más de 755.000 trabajadores acogidos a este mecanismo, de los que 5.156 corresponden a la provincia de Lleida.
Según Montero, el Gobierno busca que las generaciones futuras, sobre todo las derivadas del baby boom, cuenten con un sistema “solvente y sostenible en el tiempo” que haga que en el futuro se tenga la “absoluta garantía del pago y abono de sus pensiones”.
Igualmente, Montero detalló que más allá de la reforma laboral o de la sostenibilidad de las pensiones, también se han remitido a Bruselas reformas y medidas relativas al sistema educativo y la Formación Profesional para tener una “mejor correspondencia” entre las necesidades del mercado laboral y la oferta del sistema educativo, así como otras sobre sanidad o agricultura.
