El Superior de Justicia indigna al Govern al mantener los comicios para el 14F

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) indignó ayer al Govern al mantener de forma cautelar las elecciones para el 14 de febrero mientras se tramita el recurso contra el aplazamiento de los comicios, y tras de recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat. Se da de plazo hasta el 8 de febrero para tomar la decisión definitiva.

Más incertidumbre si cabe en torno a las elecciones catalanas. La Sección 5 de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC decidió ayer mantener la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14 de febrero. El tribunal conserva la medida cautelarísima -sin oír a las partes- que adoptó el martes y la hizo pública poco después de que el Govern presentara sus alegaciones. Los posibles recursos que las partes presenten contra esta decisión no comportarán la suspensión del acuerdo, por lo que igualmente seguiría vigente la convocatoria para el 14F.

La Sala ha acordado acortar los trámites de la demanda “por razones de urgencia” y, en lugar de los ocho días habituales, ha dado a las partes cuatro días para presentar más documentación y argumentos para la sentencia definitiva, que el tribunal prevé publicar, como máximo, el 8 de febrero. Es decir, que se sabrá cuándo se celebrarán las elecciones en plena campaña electoral, que comienza el día próximo viernes día 30 y a solo seis días de la hipotética fecha de poner las urnas. Ayer, los magistrados comunicaron solo la decisión, y prevén publicar la resolución íntegra con sus argumentos hoy viernes.

El Govern defiende el 30 de mayo y “no se plantea ni un nuevo decreto ni una nueva fecha electoral”

Critica “la irresponsabilidad que hace a los ciudadanos elegir entre derecho al voto o derecho a la salud”

El vicepresident, Pere Aragonès, acompañado de los consellers, arremetió contra el Superior de Justicia: “Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud”. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, sostuvo que la decisión del tribunal es un intento de “condicionar” la política catalana desde la justicia y considera que supone un perjuicio hacia los ciudadanos. Criticó que el TSJC no haya resuelto todavía el fondo del asunto, por lo que cree se mantendrá esta situación de “incertidumbre” una vez haya comenzado la campaña electoral. Insistió en que el Govern decidió posponer las elecciones para “preservar” el derecho a voto y el de la salud a la ciudadanía, y recalcó que se hizo con el consenso de los partidos catalanes.

Meritxell Budó alertó que la decisión del superior de Justicia eritxell Budó pone “en riesgo” el procedimiento electoral.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, por su lado, defendió la validez legal del decreto suspendido por el TSJC que aplazó las elecciones al 30 de mayo, y afirmó que “el Govern no se plantea ni un nuevo decreto ni una nueva fecha electoral que no sea la fijada”. Sostuvo en una comparecencia ante la prensa que el aplazamiento electoral, ahora suspendido de forma cautelar, “está avalado por tres informes” sobre la evolución epidemiológica, los efectos de la convocatoria en la calidad democrática y el marco jurídico en el que se ampara, y añadió que cuenta con el visto bueno de la comisión jurídica asesora, del Síndic de Greuges y de la mesa de partidos.