El TSJC deja en manos de Moncloa las urnas, al permitir aplazarlas si hay confinamiento

Después de conocer el jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmaba la decisión de mantener por ahora la fecha para las elecciones al Parlament en el 14 de febrero, ayer salieron a la luz los argumentos en que basaron esta decisión, que deja sin efectos de momento el decreto de aplazamiento de los comicios al 30 de mayo. Así es que los magistrados manifestaron que, de entrada, los comicios se han de celebrar dentro de 20 días para evitar “un período prolongado de provisionalidad” y “preservar la normalidad democrática” pese a la pandemia. Igualmente, dijeron que, mientras el Gobierno español no permita e imponga confinamientos domiciliarios, nada impide que los ciudadanos puedan acudir a las urnas. De tal modo que el TSJC confió el aplazamiento electoral a la adopción de unas medidas que sólo puede decretar Moncloa. El cambio de fecha se podría justificar también si empeora el nivel de contagios.

Así las cosas, los magistrados hicieron suyos posicionamientos esgrimidos durante las últimas semanas por las patronales y los sindicatos, que se mostraron abiertamente en contra de trasladar las elecciones a la primavera, y también por el PSC, que fue la única formación que mostró su desagrado por fijar las votaciones el 30 de mayo, y apostó, como mucho, por retrasarlas a marzo. Para el TSJC, llevar las elecciones de febrero a mayo provocaría “un período prolongado de provisionalidad” marcado por una “situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del Govern”. Tampoco ven bien los magistrados mantener tanto tiempo vacante el cargo de president de la Generalitat. “La ausencia de un president afecta a principios democráticos relativos al funcionamiento normal de las instituciones, pues ahora los miembros del Govern son inamovibles, porque nadie les puede cesar, y el control político resulta limitado”, manifestaron. Los magistrados apuntaron la línea por la que puede ir la resolución final del litigio, que se conocerá antes del 8 de febrero. Si apuran el plazo que se han dado para dictar un fallo definitivo, este se producirá en plena campaña electoral. Aun así, apuntaron a que la decisión de mantener provisionalmente los comicios en febrero no obliga “irreversiblemente” a que se terminen celebrando entonces. “Esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho”. En este sentido, los magistrados hicieron hincapié en que ahora no hay un confinamiento general, que sí que había cuando se aplazaron las elecciones de Euskadi y Galicia.

El Govern ha convocado para hoy una reunión técnica de la mesa de partidos sobre el 14F

Con todo, no todos los magistrados del TSJC encargados de examinar este litigio se mostraron unánimes a la hora de descartar, de momento, el aplazamiento de las elecciones al Parlament. Uno de ellos emitió un voto particular en el que se mostró en contra de adoptar las medidas cautelares solicitadas, al entender que no se puede garantizar el derecho a la salud si se vota en febrero.

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Los argumentos jurídicos esgrimidos por el TSJC para mantener en suspenso el aplazamiento electoral evidencian una “operación de Estado” orquestada por el PSC. Así lo afirmó ayer el vicepresident, Pere Aragonès, que urgió a los magistrados a adoptar una decisión definitiva sobre el contencioso y advirtió de una abstención elevada si se llama a las urnas en veinte días. También la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, reiteró que las autoridades sanitarias recomiendan trasladar los comicios a finales de la primavera y vaticinó que el Estado se verá obligado a decretar un nuevo confinamiento domiciliario similar al de marzo y abril del año pasado “en el corto plazo”.

Aun así, la mayoría de los partidos dan por hecho que las elecciones se celebrarán en febrero y ya engrasan su maquinaria electoral para que esté preparada dentro de una semana, momento en el que, si un fallo definitivo del TSJC no lo impide, se dará el pistoletazo de salida a la campaña. De esta forma, la vicepresidenta de JxCat y líder del partido en Barcelona, Elsa Artadi, instó a llenar las urnas el 14F ante la “ofensiva del Estado” a fin de demostrar que no mandan los socialistas. También la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hizo un llamamiento al independentismo para que dé “confianza y seguridad” a la ciudadanía. Rovira, que lleva prácticamente tres años en Suiza, denunció también una “maniobra” del PSC y del PSOE para imponer la fecha de las elecciones y ganarlas. Por su parte, el presidenciable de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, instó al Govern a acatar el mandato judicial y a disponerlo todo para votar el 14-F. Asimismo, acusó a los socialistas de hacer “cálculos electorales” con la fecha de los comicios. Por contra, el líder del PSC, Miquel Iceta, negó de nuevo estar detrás de los recursos al aplazamiento y se abrió a nombrado ministro.