El Gobierno busca fórmulas para evitar que las pensiones suban más que la inflación

El Gobierno central ha planteado en el diálogo social fórmulas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones, pero que eviten que acaben subiendo por encima del coste de la vida, como ha ocurrido en 2020 con una revalorización del 0,9% frente a un índice de precios de consumo (IPC) del -0,5%. Se daría así cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo, que aboga por mantener el poder adquisitivo de las pensiones con una revalorización anual basada en el IPC real, pero intentando que no se produzcan ganancias adicionales de poder de compra, según fuentes del diálogo social.

En la ficha de pensiones enviada por el Gobierno a Bruselas, se habla de derogar el todavía vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP) introducido por el PP en 2013, que solo garantizaba una subida mínima anual del 0,25%.

El Ejecutivo quiere eliminar el factor de sostenibilidad del PP, que tiene en cuenta la esperanza de vida

Para sustituirlo se apuesta por una nueva fórmula vinculada al IPC “que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo”. Es decir, se trata de buscar una fórmula que evite la bajada nominal de las pensiones

Lo que no ha llegado todavía a la mesa de negociación es la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, a pesar de que el Gobierno ha incluido esta medida en la ficha enviada a Bruselas. En uno de los borradores previos se hicieron cálculos sobre una eventual subida a 35 años, que finalmente no fue incluida en el documento remitido a la Comisión Europea.

En 2022 concluirá el aumento progresivo del periodo de cómputo que desde 2013 está subiendo de 15 a 25 años, a razón de un año por cada año.

El Gobierno prevé plantear este asunto en una segunda fase de la negociación, en la que también se trataría la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP, cuya entrada en vigor se suspendió hasta 2023 y que supone el ajuste del importe de la pensión a la esperanza de vida prevista.

La Seguridad Social quiere sustituirlo por un “mecanismo de equidad intergeneracional” que tenga en cuenta no solo la esperanza de vida, sino también otros indicadores.

Por el contrario, han acogido de buen grado -al menos los sindicatos- la propuesta de incentivar económicamente el retraso voluntario de la jubilación mediante un cheque único a cobrar en el momento de la salida del mercado laboral. Sin embargo, fuentes sindicales anticipan que determinar la cuantía de ese cheque va a suponer una negociación complicada.

Nada se ha hablado aún del resto de temas incluidos en la ficha de pensiones trasladada a la Comisión Europea, entre los que se encuentra el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, la revisión del complemento de maternidad y el aumento de la base máxima de cotización. A esas reformas se suman el impulso a los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo público.

Apuesta por desincentivar las jubilaciones anticipadas Encima de la mesa del diálogo social hay propuestas para desincentivar la jubilación anticipada y para fomentar la jubilación demorada voluntaria, un asunto que ha encontrado más reticencias por parte de los agentes sociales en lo que tiene que ver con restringir las jubilaciones prematuras.