TRIBUNALES INVESTIGACIÓN
Piden a Andorra que cite a declarar a Rajoy por la Operación Catalunya
Organizaciones de juristas y de derechos humanos por la presunta extorsión a Banca Privada d'Andorra || Solicitan la comparecencia de Montoro y Fernández Díaz
Rajoy, en 2014, recibiendo en Moncloa al entonces jefe del Govern andorrano, Antoni Martí.
El Institut de Drets Humans de Andorra, junto con la entidad de juristas Drets, pidieron ayer a la Justicia andorrana que cite a declarar al expresidente español Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz para que aclaren el papel del Estado español en la Operación Catalunya. Esta solicitud se enmarca en la investigación que se sigue en los tribunales del Principat para esclarecer una presunta extorsión sobre Banca Privada d’Andorra (BPA) que tenía como objeto averiguar datos sobre cuentas de dirigentes catalanes en el país.
En su escrito, presentado ayer, ambas entidades solicitaron a la batllessa que investiga este caso que envíe una comisión rogatoria a España para poder tomar declaración a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz en las instalaciones de la Audiencia Nacional, en Madrid. El objetivo es que detallen las “intervenciones” que efectuaron el Gobierno español y el andorrano en la liquidación de BPA en 2015.
El caso, que se está investigando desde octubre del año pasado, pretende saber si hubo coacciones y extorsiones a los responsables de la entidad financiera para conseguir cuentas bancarias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol, bajo la amenaza del cierre tanto de la entidad en el Principat como de su filial española, el Banco Madrid. Según explicaron desde Drets y el Institut de Drets Humans andorrano en un comunicado, Rajoy, Montoro y Fernández Díaz están siendo investigados por un presunto delito de falsedad de documentos.
Se les acusa, concretamente, del envío de información “falsa” a FinCEN, que es un organismo que depende del Tesoro de los Estados Unidos, a fin de que emitiera una nota en contra de BPA, lo que precipitó su intervención y liquidación por parte del Govern de Andorra. En el caso del expresidente y el exministro de Hacienda, también se les investiga por un supuesto delito contra los órganos constitucionales, castigado en Andorra con penas de hasta diez años de cárcel, por haber, presuntamente, intimidado al jefe del Ejecutivo andorrano y a los ministros del Principat, con los que se reunieron dos meses antes de la intervención de la entidad financiera.
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