Querella de la Fiscalía contra Torrent y otros tres miembros de la mesa del Parlament

La Fiscalía de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra el presidente del Parlament en la pasada legislatura, el republicano Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

En su escrito, la Fiscalía Superior de Cataluña pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros en la Mesa en la pasada legislatura –Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)–, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional.

Junto a Torrent, la Fiscalía se ha querellado contra Costa, Campdepadrós y Adriana Delgado

El ministerio público ha interpuesto la querella ante el TSJC, ya que tanto Torrent como Capmdepadrós volvieron a ser elegidos diputados del Parlament en las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados.

En su escrito, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional notificó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria” que supusiera “ignorar o eludir” la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del “procés”.

Pese a ello, y según la Fiscalía, Torrent, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba “tantas veces como lo quieran los diputados... la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

Esa misma resolución también incluía en otro apartado un punto en que se exponía que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía”. La querella de la Fiscalía incluye además la tramitación por parte de la Mesa, en este caso también por parte de la secretaria cuarta Adriana Delgado, de otra resolución, también en octubre de 2019, en este caso promovida únicamente por la CUP, en que el Parlament expresaba su voluntad de “ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”.

El TS pregunta sobre el dinero malversado el 1-o

El Tribunal Supremo (TS), que juzgó la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, acordó ayer solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en lo que se refiere a las personas condenadas por malversación en esta causa, están en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En concreto, el oficio de la Sala Segunda del alto tribunal pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 del pasado enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.

Fiscalía pide revocar el tercer grado a Forcadell y Bassa por "riesgo de fuga"

La Fiscalía presentó ayer un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña de mantener el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, y ha pedido que revoque el régimen de semilibertad por el “evidente riesgo de fuga”.

En el recurso, el Fiscal pide al juez que “dicte auto por el que, estimando el presente recurso, se declare el efecto suspensivo del recurso interpuesto contra la resolución administrativa que progresa a tercer grado a la interna”. Fuentes de Fiscalía concretaron que la presentación del recurso de apelación “no tiene efecto suspensivo inmediato y sobre ello ahora debe pronunciarse el Supremo”.

El Fiscal argumenta que “el efecto suspensivo del recurso del Ministerio Fiscal, es evitar, cuanto antes, que presos condenados a penas graves queden excarcelados, por el evidente riesgo de fuga”. Además, defiende que el efecto suspensivo debe extenderse a la resolución administrativa que otorga el tercer grado a los presos del 1-O, “pues si el recurso de apelación suspende la ejecutividad de la resolución judicial que se impugna, con cuánta más razón el recurso de apelación debe ser suspensivo respecto de una simple resolución administrativa”.

En el Parlament se puede hablar de todo y así debe continuar siendo

Roger Torrent defendió ayer que desde la Cámara catalana se ha garantizado que se “pueda hablar de todo, y así debe continuar siendo”. “Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no renunciaremos”, agregó en un apunte en Twitter.