Archivado el caso de los militares que hablaban de un golpe de Estado: Es "libertad de expresión", según Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación abiertas sobre el chat de whatsapp de un grupo de militares donde se hablaba, entre otros, de la posibilidad de hacer un golpe de estado y "fusilar a 26 millones de hijos de puta".

Según la Fiscalía, no se aprecia ningún delito de odio porque en todo caso se trata de un chat "privado" donde los miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire "exponen sus opiniones con libertad y con la confianza en estar entre amigos sin que existe ninguna voluntad de publicitarlas fuera de este ámbito".

Se trata, según la Fiscalía, de expresiones que están amparadas en la "libertad de expresión", que se "garantizaba para el debate público".Algunos de los miembros de este chat fueron signatarios de una carta al rey Felipe VI donde criticaban el gobierno "social-comunista" de Pedro Sánchez porque a su entender amenaza la "unidad nacional" y expresaban su apoyo y lealtad al Rey "en estos momentos difíciles para la patria".

La Fiscalía recuerda que el Ministerio de Defensa le comunicó que la mayoría de los integrantes del grupo pasaron en la reserva hace muchos años y actualmente "ninguno tiene la condición de militar de servicio activo", mientras que la Brigada Provincial de Información le comunicó también que el chat de whatsapp 'La XIX del Aire' "es un chat privado".

Por lo tanto, según la Fiscalía, no hay ningún tipo de delito, tampoco el de odio, porque las expresiones fueron pronunciadas en un chat privado o "no hay elementos que permitan concluir que fue creado para promover, fomentado o incitar al odio, la hostilidad o la violencia a un colectivo de los expresamente contemplados como grupo".

Por la Fiscalía los comentarios sólo son "la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del gobierno", una "crítica dura", dice, pero que "se enmarca en el derecho a la libertad de expresión" que son "garantías para el debate público y para posibilitar la formación de una opinión pública libre".

Según la Fiscalía, aunque los términos utilizados se pueden considerar "inapropiados, excesivos o desafortunados", hay que entenderlos como "una forma de expresar un descontento con la situación política actual".