CORONAVIRUS ECONOMÍA
Las ayudas a empresas y autónomos oscilarán entre los 3.000 y 200.000 €
Para los sectores más afectados por la pandemia || El fondo, de 7.000 millones y gestionado por las comunidades autónomas, se pondrá en marcha en 40 días
Las empresas y autónomos de los sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran durante el 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30% respecto 2019 podrán optar a ayudas directas desde 3.000 y hasta 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores. Así consta en el real decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario por el que crea un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros a través de transferencias directas (7.000 millones), reestructuraciones de deuda (3.000 millones) y recapitalizaciones (1.000 millones).
Los autónomos que tributan en módulos del IRPF recibirán una cantidad fija de 3.000 euros. Para el resto, podrá oscilar entre los 4.000 euros y los 200.000 euros según su tamaño y caída de ingresos. La cuantía en este caso no podrá superar el 40% de la caída de ingresos en el caso de microempresas y autónomos, y el 20% en el resto de negocios.
La concesión de la ayuda estará ligada además al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, como la prohibición de reparto de dividendos y el aumento del sueldo de directivos. De este fondo de ayudas directas, que gestionarán las comunidades autónoma, a las que el Ejecutivo espera transferir el dinero en unos 40 días, Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones, por el fuerte impacto que el descenso del turismo ha tenido en sus economías. Los 5.000 restantes, se repartirán entre las demás comunidades siguiendo los mismos criterios que para el fondo de recuperación React-EU.
La segunda pata del programa consiste en una línea de avales públicos de 3.000 millones para la reestructuración de deuda financiera de empresas que hayan recibido préstamos ICO. Estas podrán acceder, según el análisis realizado por cada entidad financiera, a la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, a la conversión de la deuda en préstamos participativos o, como “medida de último recurso”, a quitas de deuda.
La tercera línea del plan supone la creación de un fondo de recapitalización, articulado a través de la compañía estatal Cofides, dotado con 1.000 millones, para reforzar los balances de pymes que sean viables.
El Gobierno también amplió hasta a el 31 de diciembre la moratoria concursal para aquellas empresas que entren en insolvencia y aumentó a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.