ERC y CUP pactan decidir en 2023 si mantener la mesa de diálogo o lanzar un nuevo "embate"

ERC y la CUP han acordado dar un margen de tiempo a la mesa de negociación con el Estado para encarrilar una salida política al conflicto catalán y decidir, en la primera mitad de 2023, si vale la pena mantener el diálogo o es momento de lanzar un "nuevo embate democrático por la autodeterminación".

Así lo recoge el preacuerdo entre ERC y la CUP para garantizar este viernes la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, un documento que plantea la creación de una "mesa de dirección estratégica" del independentismo, encargada de "preparar las condiciones para el nuevo embate democrático" con el Estado.

El preacuerdo, que aún debe ser ratificado por las asambleas de la CUP mañana miércoles, incluye compromisos programáticos para dar un giro a la izquierda en políticas sociales y económicas, como una "renta básica universal", un "rescate social", medidas sobre vivienda y salud y un cambio en el modelo policial catalán.

La CUP se compromete a "facilitar la gobernanza" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los puntos acordados, mientras que Aragonès, si es investido president, se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023".

Por otra parte, ERC y la CUP han pactado retirar las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, salvo en aquellos casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones "acreditadas con certificado médico".

Este compromiso figura en el preacuerdo programático alcanzado por ambos partidos para investir presidente de la Generalitat al candidato de los republicanos, Pere Aragonès, y consultado por Europa Press.

"En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si corresponde, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves", añaden.

El documento recoge también el compromiso de suspender el uso de los proyectiles de foam "hasta que no sea público" su protocolo, tal y como trascendió cuando ambas formaciones explicaron que ultimaban un preacuerdo de investidura.

En cuanto el protocolo de uso del foam sea público –según el documento– ambos partidos exigirán que se cumpla "de forma estricta", sin vulneración de derechos fundamentales.

Los 9 votos de la CUP, sumados a los 33 de ERC, son necesarios pero no suficientes para investir a Aragonès, que debe conseguir en las próximas 48 horas atar también el apoyo de los 32 diputados de JxCat de cara al debate de investidura que convocará la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para este viernes.