JUSTICIA REFORMA
Estrasburgo pide a España acotar las injurias a la corona
Alerta de las crecientes condenas de prisión contra artistas||El ministro Campo asegura que trabaja para buscar el “equilibrio”
Manifestación pidiendo la libertad de Pablo Hasél en Lleida.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido a España que se despenalice la difamación y los insultos religiosos y que se modifique la regulación en lo que respecta a los insultos a la corona y el enaltecimiento del terrorismo para evitar un castigo “innecesario o desproporcionado”.
En una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con fecha del 11 de marzo divulgada ayer, Mijatovic señala el “impacto negativo” de algunos artículos del Código Penal, que tienen un “efecto amedrentador” sobre el ejercicio de la libertad de expresión, “un derecho de importancia crucial para un debate público libre y plural”.
El primo del rey emérito Álvaro de Orleans estaba ayer citado a declarar ante el juez
Aunque no expresamente, Mijatovic alude en su misiva al caso del rapero leridano Pablo Hasél o del valenciano Valtònyc, al llamar la atención sobre el hecho de que “en los últimos años un creciente número de sentencias penales, incluidas de privación de libertad, han sido dictadas contra artistas por canciones controvertidas” y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor”, en base a los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la monarquía.
El ministro, respondió a este tirón de orejas que el Gobierno español se encuentra trabajando en una reforma penal para lograr el “equilibrio” entre la libertad de expresión y otros derechos “delimitando más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos (enalcimiento del terrorismo, injurias a la Corona )” y “ajustar las penas a la gravedad de la conducta”, para “garantizar una mayor seguridad jurídica” y evitar el efecto disuasorio.
Por otro lado, ayer estaba previsto que el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans Borbón, testificara ante el Tribunal Supremo para aclarar si actuó como testaferro del rey emérito, al gestionar los fondos de la Fundación Zagatka, la cual le pagó al monarca 8 millones de euros en vuelos. No obstante, no trascendió nada de dicha declaración.
