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JUSTICIA SENTENCIA

La Audiencia ordena a Marlaska devolver su puesto a De los Cobos

Considera que su cese por no informar del contenido de un informe sobre el 8-M de 2020 fue ilegal || Interior anuncia que presentará un recurso contra el fallo

El coronal Diego Pérez de los Cobos el pasado mes de noviembre a la salida de la Audiencia Nacional.

El coronal Diego Pérez de los Cobos el pasado mes de noviembre a la salida de la Audiencia Nacional.EFE

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La Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y ha condenado al ministerio de Interior a readmitirlo y, además, pagarle los complementos salariales que dejó de percibir tras ser destituido. Interior lo apartó del cargo después de que De los Cobos se negara a informar a cargos políticos sobre la investigación judicial que se abrió sobre la manifestación feminista llevada a cabo en 8 de marzo del 2020 en la capital española, justo al inicio de la pandemia.

Por su parte desde el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska anunciaron que recurrirán esta decisión judicial.

En la sentencia, el magistrado Celestino Salgado acepta de esta manera el recurso que había presentado el mismo coronel de la Guardia Civil, que en 2017 también fue el coordinador del dispositivo policial del referéndum del 1-O. Después de analizar los hechos y las resoluciones, el juez concluye que el cese es “ilegal” puesto que se motivó en el hecho de no informar de las investigaciones y actuaciones del cuerpo armado en la causa del 8-M abierta por un tribunal ordinario de Madrid, que impuso a Pérez de los Cobos el deber de reserva.

“Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, indica el magistrado. Por eso, añade, “el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban”, que era “no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso”.

Haber informado de ellas, remarca, “podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”.

El Gobierno, que expresó “respeto a las decisiones judiciales”, anunció que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional a través de la Abogacía del Estado al “discrepar” de su resolución.

Por su parte, la oposición que ejercen PP, Cs y Vox pidió el cese inmediato de Marlaska por el “varapalo judicial”.

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