TRIBUNALES IRREGULARIDADES
La alcaldesa de L'Hospitalet se defiende ante la jueza con una auditoría al Consell Esportiu
La alcaldesa de L'Hospitalet declara que no se mantuvo “pasiva” ante las sospechas en la gestión al conocer la denuncia || Pedirá el archivo de la causa en su contra
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la diputación de Barcelona, negó ayer ante la jueza que la investiga por un supuesto desvío de dinero en el Consell Esportiu de su municipio haber actuado con “pasividad” cuando tuvo conocimiento de una denuncia. Sostuvo que encargó una auditoría y que siempre actuó según le indicaron los servicios jurídicos del consistorio. Con todo, anunció que pedirá el archivo de las actuaciones en su contra.
Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2020, cuando el concejal socialista Jaume Graells le presentó documentación sobre posibles irregularidades contables en el Consell Esportiu de L’Hospitalet. Marín, ante la jueza que lo investiga, explicó ayer que se reunió con los ediles afectados por las sospechas, encargó una auditoría externa y pidió a funcionarios municipales que estuvieran al caso de cómo se desarrollaba el asunto.
Según la versión de la también presidenta de los socialistas catalanes, al día siguiente de recibir la denuncia de Graells, instó a la secretaria general del ayuntamiento para que analizara la documentación. Marín sostuvo que no actuó de forma “pasiva” ante las presuntas irregularidades y anunció que pedirá el archivo de la causa en su contra, al entender que siempre actuó dentro de la legalidad y con el asesoramiento de los servicios jurídicos de L’Hospitalet.
La primera edil del municipio fue abucheada tanto a la entrada como a la salida de la sede judicial, en la que declaró en calidad de investigada. La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, defendió a Marín y dijo que se aplicará el código ético del PSC.
La jueza también tomó ayer declaración como investigado a Gerard Figueras, secretario general de Deportes de la Generalitat, que aseguró que trató de ponerse en contacto con Marín cuando tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, pero le fue imposible hablar con ella. Explicó que la Generalitat no puede intervenir en la contabilidad interna de una entidad privada como esta. Dijo que los técnicos de la administración catalana analizaron la documentación que se les facilitó desde el consistorio, y no detectaron irregularidades.