ERC matiza el ultimátum a JxCat, que insiste en no poner fecha límite para cerrar el pacto

ERC matizó ayer el ultimátum que lanzó a JxCat el vicepresident y aspirante a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, el domingo, y explicó que todas las “alternativas” de los republicanos pasan por entenderse con los juntistas. Mientras tanto, los de Carles Puigdemont volvieron a quitarse de encima la presión y rechazaron poner una fecha límite para logar un acuerdo de investidura.

Por su parte, los comunes apostaron de nuevo por explorar mayorías alternativas, el PSC reiteró su voluntad de presentar a Salvador Illa a una investidura, y Cs y PP criticaron que las conversaciones se desarrollen en la prisión de Lledoners, a la que hoy se desplazan los equipos negociadores, con el propio Aragonès a la cabeza, para tratar de desencallar su designación como president.

Así, Sergi Sabrià, diputado de ERC, insistió en que, si no hay un acuerdo con JxCat el 1 de mayo, se explorarán “vías alternativas”, pero matizó que su prioridad es conseguir una coalición gubernamental con los juntistas, incluso más allá de esa fecha. Además, añadió que todas esas “alternativas” pasan por pactar con los de Puigdemont.

Sabrià, en este sentido, puso sobre la mesa la posibilidad de gobernar en solitario, opción que planteó JxCat el mes pasado si al final no había entendimiento entre las dos principales fuerzas del independentismo. Por su parte, Elsa Artadi, vicepresidenta de JxCat, avisó de que los ultimátums “no ayudan” a avanzar en la negociación y confió en que Aragonès exponga hoy en la cárcel de Lledoners cuál es la estructura de Govern que prefiere.

Sin embargo, quitó hierro al encuentro que tendrá lugar dentro de las paredes del centro penitenciario y manifestó que no es ninguna “cumbre extraordinaria”, sino “una reunión más” en las negociaciones.

Dos magistrados del Constitucional avalan la reforma de la sedición Los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer consideran que la pena de 12 años de cárcel por un delito de sedición que el Supremo impuso a Jordi Turull, conseller en el Govern de Carles Puigdemont, es “desproporcionada” y avalan la reforma de este ilícito, tal y como plantea el Gobierno español. Así lo manifiestan ambos, según adelantó ayer El País, en los votos particulares que han suscrito en relación a la sentencia por la que la mayoría de los magistrados del tribunal de garantías han corroborado la condena a Turull por el 1-O.

Xiol y Balaguer argumentan que la sedición aparece descrita con “especial vaguedad” en el Código Penal y que las penas previstas, que van de los 8 a los 15 años de cárcel, son demasiado altas. La semana pasada, cuando trascendió el fallo, Turull ya adelantó que usaría las tesis de estos dos magistrados ante el Tribunal de Estrasburgo.

Jové y Salvadó, a un paso de sentarse en el banquillo por el 1-O El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio ayer por finalizada la instrucción contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, diputados de ERC, por su papel en la organización del 1-O. Esta decisión deja a ambos dirigentes republicanos a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El año pasado ya tuvieron que depositar una fianza de 1,6 millones tras ser procesados por malversar, prevaricar, desobedecer y revelar secretos en relación con el referéndum. El mismo tribunal rechazó ayer admitir una querella contra Aragonès por intentar retrasar las elecciones del 14-F a mayo.