El TC niega que la condena a Turull sea desproporcionada y no ve vaguedad en el delito de sedición
La sentencia argumenta que el exconseller utilizó la movilización ciudadana para tratar de sustituir la legalidad
Turull, ayer, durante su interrogatorio en el Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional niega en la sentencia que desestima el recurso de amparo del exconseller Jordi Turull que la condena de 12 años de prisión por sedición y malversación impuesta por el Tribunal Supremo sea desproporcionada. La sentencia (vegeu document) rechaza que Turull tratara de defender derechos fundamentales si no que sostiene que con su conducta "lo que pretendía era neutralizar las decisiones adoptadas por este tribunal y los órganos judiciales sirviéndose de la movilización ciudadana para este propósito".
La mayoría del pleno del Constitucional avala la lectura del tribunal del proceso y ve encaje de los hechos en el delito de sedición en el cual no ve "vaguedad".
El TC niega que la falta de violencia sea argumento para descartar "el alzamiento tumultuario". "El delito de sedición no prevé, en el tipo básico o en la modalidad agravada, la causación de lesiones o el uso de armas; de manera que la ausencia de estas circunstancias no impide apreciar la comisión del referido delito", dice el texto hecho público este miércoles.
"La responsabilidad penal que se le atribuye, como autor de un delito de sedición, tampoco dimana del hecho de haber inducido los convocados a comportarse de manera agresiva", dice la sentencia de la cual ha sido poniente el magistrado Pedro González-Trevijano, que remarca que Turull "venía obligado a ejercer el cargo de conseller conforme al marco normativo".
"Tenemos que rechazar que, bajo el pretexto de facilitar el ejercicio de estos derechos, estuviera legitimado para incumplir las obligaciones inherentes al cargo que desarrollaba", dice el TC. La sentencia niega que el delito tenga un "grado de vaguedad tal" que impida identificar los hechos como sedición.
El TC también niega que se hayan lesionado los derechos de Turull a la defensa, a no ser discriminado en razón de lengua en el juicio oral, el derecho a la igualdad de armas o el derecho de prueba. También rechaza las acusaciones de parcialidad dirigidas a magistrados del Supremo y vuelve a confirmar su competencia para encausar los hechos.
