Serret admite ante Llarena que desobedeció al Constitucional por “mandato popular”

La exconsellera de Agricultura y diputada de ERC, la leridana Meritxell Serret, reconoció ayer ante el magistrado que instruye la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que desoyó los requerimientos realizadas por el Tribunal Constitucional sobre la realización del referéndum del 1-O, pero matizó que lo hizo “asumiendo el mandato democrático” que los instó a tirarlo adelante. Asimismo, negó que desde su conselleria se asumiera algún gasto ilegal relacionado con la consulta que se pueda encuadrar en el delito de malversación de caudales públicos, delito por el que, de momento, también está procesada.

Durante el trámite, el juez le comunicó formalmente su procesamiento por ambos delitos, si bien el de malversación previsiblemente decaerá dada la absolución de otros exconsellers que actuaron de forma similar, como Santi Vila o Meritxell Borràs, según estableció la sentencia del procés.

Después de su comparecencia, Serret reiteró su apuesta por seguir trabajando por una “solución política y democrática” de un conflicto que nunca tendría que haber acabado en los tribunales de justicia, recalcó. La exconsellera salió sin medidas cautelares y sopesando si pedir el traslado de la causa a Catalunya.

Estuvo arropada en todo momento por la plana mayor del independentismo. Prestándole su apoyo estuvieron, entre otros, el vicepresident Pere Aragonès y la portavoz del Govern, Meritxell Budó, así como diputados de ERC, JxCat, la CUP y EH Bildu, que coincidieron en señalar que su causa es una muestra más de la “venganza” del Estado contra el soberanismo y pidieron la amnistía.

La diputada volvió el pasado marzo tras más de tres años en Bélgica para regularizar su situación judicial. Sobre ella no pesaba una euroorden de detención, pero sí una de arresto en España que quedó sin efecto tras personarse en el Supremo.

Turull, el primer preso por el 1-O en acudir a la justicia europea El exconseller Jordi Turull será el primer preso condenado por el 1-O que recurrirá su condena, que le impone una pena de 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El exconseller, que tiene intención de presentar en las próximas semanas una demanda por vulneración de derechos ante el tribunal con sede en Estrasbugo, confía en que los dos votos particulares contrarios a la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmaba la pena impuesta por el Tribunal Supremo le sean beneficiosos en su camino a Europa.

Estos discrepantes consideraron que la sentencia impuesta era “desproporcionada”..