Llarena deja a Serret a un paso del juicio

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado a la exconsellera catalana Meritxell Serret, en Bélgica durante más de tres años, a un paso del juicio oral tras concluir el sumario y remitir la causa a la Sala Segunda del alto tribunal para revisar el procedimiento.

Llarena ha dictado un auto en el que concluye la instrucción contra Serret, tras practicar todas las diligencias pendientes una vez que la exconsellera se personó por sorpresa en el Supremo el pasado 11 de marzo para ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.

El magistrado recuerda que Serret ya había sido procesada el 21 de marzo de 2018 por los presuntos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos habiéndose sobreseído la tramitación de la causa por su situación de rebeldía.

Pero añade que tres años después, la causa fue impulsada tras la comparecencia de Serret en marzo, en la que el juez acordó su libertad provisional, y la declaración indagatoria del 30 de abril.

Aquel día, Serret reconoció ante Llarena que pese a que recibió las advertencias del Constitucional decidió seguir adelante con el "procés" por ser "un mandato popular", si bien defendió que su departamento no destinó ningún pago para el referéndum del 1-O.

Tras esta declaración, el juez considera que se han practicado las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin que se hayan reclamado nuevas indagaciones, por lo que ahora acuerda la conclusión del sumario y lo remite a la Sala de lo Penal para revisar la conclusión, previo emplazamiento de las partes por término de quince días ante la misma.

Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó de la justicia española tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del "procés" dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.

Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consellería de Serret. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.