Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y entre 8 y 29 años para sus hijos

La Fiscalía ha pedido una condena de 9 años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol por asociación ilícita y blanqueo, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama al primogénito de la familia, Jordi Pujol Perrusola. Entre ellos no está la mujer del expresident, Marta Ferrusola, a quien al juez ha sacado del caso en atención a la demencia que sufre. Las peticiones de prisión se suman a las multas millonarias que, por ejemplo, en el caso de Pujol Ferrusola ascenderían a más de 6 millones de euros.

De esta forma, poco más de 8 años y medio después de que se iniciase la investigación, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que pide penas de cárcel para Pujol y sus 7 hijos; pero también para la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, para quien reclama 17 años; y para diez empresarios, para los que solicita 5 años a cada uno.

El Ministerio Público reclama la más alta para Jordi Pujol Ferrusola, para el que pide 6,84 millones

A los integrantes de la familia Pujol les acusa, según el caso, de delitos como asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

La Fiscalía describe en su escrito cómo todos los miembros de la familia actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, “producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana”.

Anticorrupción explica que Jordi Pujol acordó con su mujer que el dinero procedente de la actividad ilícita ejecutada se distribuyese en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos en la Banca Reig (actual AndBank). Acordaron que fuese el hijo mayor el encargado de gestionar esos fondos y que se ocupara de distribuirlos entre el resto de la familia.

Lo que hizo el expresident, a juicio de la Fiscalía, es aprovechar “su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual” él y determinados empresarios afines al partido que lideraba, la ya extinta CDC, “se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC”. Después, el patrimonio que ganaba “ilícitamente” se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde “mediante sistemáticas operaciones de blanqueo”.

En otras ocasiones el origen de los fondos estaría presuntamente en los supuestos pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, las cuales realizaban pagos millonarios a la familia.

El juez no ve acreditado que el dinero proceda de una herencia La procedencia del patrimonio, según concluyó el juez en su auto de procesamiento, proviene de distintas fuentes que en algún caso es desconocida, si bien destaca que existen “indicios sólidos” que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tildar de “paradójico” que los investigados nieguen tener “conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)”.