Sánchez ratifica su veto a volver a instaurar el estado de alarma

El Gobierno central defendió ayer su plan jurídico para afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma pese a las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros. La junta andaluza anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Aunque la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición denunciaron el “caos jurídico” que supone dejar en manos de los tribunales la limitación de derechos fundamentales, Pedro Sánchez insistió que las comunidades autónomas tienen “amplios instrumentos” para hacer frente a la pandemia. Para Sánchez, el estado de alarma “es el pasado” y ahora toca “mirar al futuro”, que es la vacunación, al tiempo que arremetió contra el PP.

A su juicio, “no puede ser” que la oposición eche de menos ahora el estado de alarma cuando se opuso a ello en octubre, y señaló que una ley ordinaria como la que pide el PP para dar seguridad jurídica a las comunidades, no puede sustituir nunca a la Constitución algo, que es, opinó, de “primero de Derecho”.

Socios del Ejecutivo cargan contra Sánchez y el PP insiste en la necesidad de contar con un “plan b”

La mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno, recriminaron al Ejecutivo el “caos jurídico” que ha provocado por levantar el estado de alarma sin un paraguas normativo que unificara medidas para todas las comunidades autónomas. PNV, Bildu, Más País y Compromís lamentaron que Sánchez haya dejado en manos del Tribunal Supremo la última decisión sobre las restricciones.

Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, advirtió de que “no puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Pedro Sánchez” y volvió a pedir que se debata su “plan b” o que al menos se tome en consideración, ya que “podrá ser enmendado por todo aquel que considere que le falta algo”.