Los desacuerdos entre partidos refuerzan la amenaza de nuevas elecciones en Catalunya

Las negociaciones para investir a Pere Aragonès como president de la Generalitat y formar un nuevo Govern siguen encalladas, cuando ya han pasado más de tres meses desde las elecciones del 14 de febrero. Quedan once días para que el Parlament se disuelva automáticamente si los diputados no logran nombrar a un president, y ERC y JxCat continúan sin llegar a un entendimiento que desbloquee la situación política en Catalunya.

Sergi Sabrià, diputado de los republicanos, planteó ayer la posibilidad de incorporar a consellers 'juntistas' al Govern de Aragonès dentro de unos meses, pero siempre y cuando los de Carles Puigdemont faciliten la investidura. Por su parte, desde JxCat sostuvieron que aún queda tiempo para el acuerdo y reiteraron su apuesta por un Executiu de coalición. Entretanto, el reloj hacia la repetición electoral sigue en marcha.

Ibarretxe fue investido en julio de 2001, pero hasta septiembre no incorporó a consejeros de Ezker Batua

De esta manera, en declaraciones a El Nacional, Sabrià no descartó la “posibilidad” de facilitar la entrada de JxCat en el Govern después de la investidura. Aun así, no aclaró si pretenden rellenar todas los departamentos y después cambiar a los consellers, o si en un primer momento algunos cargos quedarían “vacantes” a la espera del nombramiento del representante de JxCat.

“Necesitamos un Govern amplio y transversal”, replicó únicamente Sabrià, que recordó lo que sucedió en Euskadi en 2001. Entonces, Juan José Ibarretxe, del PNV, fue investido lehendakari en julio.

En septiembre, incorporó al Ejecutivo vasco a representantes de Ezker Batua. “Lo que está muy claro es que solo nos plantearemos la incorporación de otros partidos al Govern si previamente han respaldado la investidura de Aragonès”, añadió Sabrià, que confió en que JxCat “no falle al país” y cumpla con su palabra aunque sea “a última hora”.

Por su parte, fuentes de los de Puigdemont aseguraron que todavía queda tiempo para que los republicanos cambien de opinión, “reflexionen”, y se avengan a constituir un Executiu bicolor, sobre todo después de la reunión a tres bandas con la CUP del miércoles y a la decisión de los comunes de romper las negociaciones con ERC. Desde JxCat insistieron en que están dispuestos a negociar la estrategia independentista “en paralelo” al acuerdo de Govern, de manera que sería posible hacer president a Aragonès antes de haber cerrado la hoja de ruta del procés.

Paralelamente, desde Guanyem Catalunya, formación que se presentó con la CUP y a la que pertenece Dolors Sabater, reclamaron “responsabilidad” y “madurez” a ERC y a JxCat para desbloquear la negociación. “Únicamente la unidad estratégica garantizará un nuevo embate democrático”, sentenciaron a través de un comunicado.

Por el contrario, Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones del 14-F, insistió una vez más en su voluntad de ir a la investidura y exigió que se levante “el cordón sanitario a los socialistas” para poder liderar un Govern de izquierdas. En este sentido, reiteró que fue el ganador de las elecciones como la lista más votada. Jordi Cañas, de Ciudadanos, replicó que con los tripartitos de PSC, ERC e Iniciativa dio comienzo el proceso independentista.

La diputada de la CUP Laia Estrada no será arrestada

Una jueza de Tarragona dio ayer marcha atrás y dejó sin efecto la orden de detención que había dictado contra Laia Estrada, diputada de la CUP, por no comparecer cuando fue citada a declarar en relación con una protesta en la que participó en Tarragona en 2018 contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el día que hacía un año de las elecciones del 21-D de 2017, convocadas desde Madrid con el 155. La jueza explicó que, al ser diputada, remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sin llegar a tomar declaración a la investigada.

Atacan la Casa de la República en Waterloo

Un grupo de seis personas atacaron el jueves la Casa de la República en la localidad belga de Waterloo, centro operativo del Consell per la República que lidera Carles Puigdemont. Según denunció el ahora eurodiputado de JxCat, los atacantes, que llevaban una bandera española, se acercaron al exterior del inmueble y arrancaron la placa identificativa de la Casa de la República. Después se marcharon del lugar. “No aceptaré ningún acto de violencia ni intimidación contra mi compromiso político”, dijo Puigdemont, que ha denunciado los hechos.

“Se vulneraron derechos”, insisten dos jueces del TC

Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, magistrados del Tribunal Constitucional, reiteran, en la sentencia que resuelve el recurso de Josep Rull contra la condena que le impuso el Supremo por el 1-O, que las penas impuestas a la cúpula del independentismo son “desproporcionadas” y que se vulneraron sus derechos. Así consta en los argumentos jurídicos del voto particular que han suscrito a la decisión del Constitucional de avalar la condena impuesta por el Supremo a Rull por los delitos que se le atribuyen en relación con el 1-O, que se conocieron ayer.

Como ya sucedió en la resolución que avaló la pena impuesta a Jordi Turull, el tribunal de garantías no logró la unanimidad de sus magistrados, y siete votaron a favor de confirmar la condena mientras que dos se desmarcaron y arremetieron contra la sentencia del Supremo.

De esta forma, Xiol y Balaguer sostienen que el delito de sedición, tal y como lo plantea el Código Penal, es demasiado “indeterminado”. Además, consideran que la pena impuesta a Rull es “desproporcionada” y que se vulneraron el derecho a la legalidad sancionadora, el derecho a la libertad personal, a la libertad ideológica y a la reunión. Ahora Rull ya puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Paralelamente, el Tribunal Supremo confirmó el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que vetó a Oriol Junqueras como eurodiputado. Los magistrados argumentaron que el órgano arbitral de los comicios podía declarar la “inelegibilidad” del presidente de ERC a pesar de la sentencia que dictó en su momento el Tribunal de Justicia de la UE.