UNIVERSIDADES
El gobierno español aprueba la Ley de convivencia universitaria que obliga los centros públicos a prevenir el acoso
La Ley cambia el régimen disciplinario que funcionaba desde el franquismo y según el ejecutivo "asienta las bases para un posterior desarrollo por parte de las comunidades autónomas y las mismas universidades".
La Universitat de Lleida, líder de l'Estat en agricultura
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de convivencia universitaria, que sustituye la norma de 1954 y dota las universidades públicas de un nuevo régimen sancionador "con un enfoque democrático", según el Ministerio de Universidades.
El ejecutivo sostiene que la norma pone el acento en el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales y la convivencia activa y responsable de las personas que integran la comunidad universitaria. Entre otros establece que las universidades tendrán que disponer de medidas de "prevención y respuesta ante actitudes de acoso, discriminación y violencia" por motivos de género o cualquier otra circunstancia social, y tendrán que incorporar el enfoque de género y los principios de respeto y protección de las personas.
La Ley cambia el régimen disciplinario que funcionaba desde el franquismo y según el ejecutivo "asienta las bases para un posterior desarrollo por parte de las comunidades autónomas y las mismas universidades".
En todo caso fija que los centros universitarios están obligados a garantizar que se respeta la "diversidad, la tolerancia, la igualdad, el derecho de reunión y de asociación, y la inclusión de colectivos vulnerables" en más de la "libertad de expresión, la libertad de cátedra, la transparencia en el desarrollo de la actividad académica y el respeto a los espacios comunes".
Además, establece que la principal vía para la resolución de conflictos será la mediación, y sólo cuando falle la mediación y cuando la conducta esté expresamente excluida de este procedimiento -como en el caso de violencia de género, fraude universitario o destrucción del patrimonio- entrará en juego el régimen sancionador, con su correspondiente tipificación de faltas y sanciones.
La ley se aplica sólo en las universidades públicas, y "las universidades privadas podrán desarrollar sus normas de convivencia con base a los principios que se contienen".
