POLÍTICA CORRUPCIÓN
Imputan a Cospedal en el 'caso Kitchen'
Junto a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la operación de espionaje a Bárcenas
El juez de la Audiencia nacional Manuel García-Castellón ha citado a declarar como investigados en el “caso Kichen” a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el ministerio de Interior contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.
El magistrado atribuye a la pareja presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la trama. Ambos han sido citados a declarar los días 29 y 30 de este mes. El juez cita por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, y llama de nuevo a declarar al ex dos de Interior Francisco Martínez y el excomisario José Villarejo.
De acuerdo con el auto del juez, que en un primer momento rechazó la imputación del matrimonio cuando se lo pidió la Fiscalía el año pasado, ahora “la pieza se vislumbra con la madurez necesaria” y, por tanto, es “conveniente” escuchar a ambos para saber si participaron en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para la operación, presuntamente desarrollada entre 2013 y 2015. Lo hace tras recibir un informe de Asuntos Internos que “da cuenta del contenido de las agendas personales” intervenidas a Villarejo.
La imputación de Cospedal y López del Hierro se conocía coincidiendo con la comparecencia de este último ante la comisión parlamentaria sobre la Kitchen. La de la exsecretaria del PP quedó finalmente cancelada, no obstante, esta se presentó esgrimiendo que “nadie la había avisado”.
Un juez de Madrid acordó ayer la apertura de juicio oral contra el exministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. El magistrado requirió también a Rato una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar su posible responsabilidad civil.