Las defensas de los 13 universitarios juzgados por disturbios ponen en duda unas identificaciones que los mossos confirman

Las defensas de los 13 universitarios acusados de desórdenes públicos y daños en una manifestación de estudiantes del 2 de marzo del 2017 han puesto en duda de manera reiterada las identificaciones durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona.

Los agentes han expuesto que en dos ocasiones los acusados se escondieron bajo una sábana para cambiarse de ropa y dificultar las identificaciones, pero que con el análisis de las imágenes las pudieron confirmar. Abogados de la defensa han pedido la impugnación de las imágenes al considerar que son editadas para mostrar una cronología dudosa.

"Sentimos miedo, impotencia y rabia por un ataque gratuito que no entendíamos" ha explicado una empleada de la oficina bancaria donde se rompieron dos cristales con martillos.

Los diversos agentes que han intervenido han expuesto que los acusados actuaron de manera "concertada" y que mientras algunos llevaban a cabo las acciones, otros llevaban las mochilas, seguían la acción y estaban pendientes del entorno. Los mossos también hicieron un seguimiento de algunos de los acusados los días posteriores.

Con respecto a los vídeos aportados, los mossos han dicho que el orden cronológico está determinado por "cuestiones lógicas" cuando no se puede determinar por los metadatos de los archivos. Para identificar a las personas que llevaron a cabo las acciones vandálicas los agentes de la policía científica utilizaron las imágenes que les facilitaron los instructores. Hicieron estas identificaciones con colaboración con la Brimo y teniendo en cuenta imágenes de protestas anteriores.

La constitución, las gafas, el calzado o la complexión física son algunos de los elementos que tuvieron en cuenta. A las preguntas de abogados de la defensa sobre imágenes que según su opinión no parecen coincidentes con la misma persona, uno de los agentes ha explicado que hay que recurrir al vídeo original porque las capturas de pantalla no tienen suficiente calidad para determinar si se trata de la misma persona.

Una empleada de la sede bancaria que resultó afectada ha explicado que vio como delante de uno de los vidrios a tres personas tapadas de arriba abajo, con capuchas, gafas de sol y guantes rompieron dos cristales con martillos. También rompieron la pantalla del cajero automático e hicieron pintadas. Entre empleados y clientes había unas 15 o 17 personas dentro la oficina que no salieron hasta que hubo pasado todo, ha dicho la empleada. Las cámaras no captaron nada porque o bien no estaban grabando o bien no enfocan hacia los cristales que fueron atacados.

También ha dado su testimonio al trabajador de FCC, la empresa del contenedor que fue quemado y que fue quien interpuso la denuncia a la Guardia Urbana. Ha explicado que entre el precio del contenedor y el equipo que tiene que hacer la reposición su coste total es de 1200 euros.

La fiscalía pide 8 años y medio de prisión para 13 estudiantes acusados de desórdenes públicos y daños en una manifestación de estudiantes que empezó en la plaza Universitat de Barcelona para reclamar la reducción de las tasas universitarias el 2 de marzo del 2017, organizada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).

Según el escrito, entre los 1.500 estudiantes había un grupo de unas 125 personas y otro grupo con los acusados. El texto indica que iban con ropa oscura, capuchas, gafas de sol y una tela negra de grandes dimensiones que extendían por encima de sus cabezas para dificultar las identificaciones. Añade que actuaron "de común acuerdo y con evidente intención de causar el deterioro del mobiliario público y urbano, poniendo en grave peligro el desarrollo cotidiano de la vida ciudadana."

En la calle Pelai quemaron un contenedor con una bengala, en plaza Catalunya lanzaron pintura contra una tienda de telefonía y los Mossos, y en Via Laietana lanzaron huevos y pintura y rompieron con martillos los cristales de una entidad financera. Estas actuaciones contaron con la "colaboración activa de todos los acusados", dice la fiscalía, que remarca que se cambiaron la ropa cuando acabaron para dificultar su identificación por parte de los Mossos.

Finalmente se les intervinieron tres extintores para rociar con pintura, tres martillos, un bidón de líquido inflamable, gasolina y una bolsa de petardos. Por todo ello, el ministerio fiscal pide 8,5 años de prisión y una multa de 11.400 euros para cada uno. También tendrán que indemnizar de forma solidaria a la entidad financiera con 4.806 euros, y la propietaria del contenedor con 648 euros.

Cerca de un centenar de personas se ha concentrado delante de la Audiencia de Barcelona para dar apoyo a los juzgados. El abogado de algunos acusados, Eduardo Cáliz, ha denunciado el "seguimiento" de los Mossos a miembros del sindicato universitario independentista SEPC y "la orgía punitiva" de la fiscalía, que tiene como objetivo, según él, "la sociedad organizada y el derecho a la protesta".

La movilización ha sido secundada por el sindicato, que ha preparado para este jueves y viernes varias actividades, como conciertos y charlas de plataformas anti-represivas. También se ha añadido Òmnium Cultural y vicerrectores de las universidades catalanas.

El Rectorado de la UB ha hecho un comunicado defendiendo la importancia que tiene el alumnado organizado por la mejora del sistema universitario y el ejercicio del derecho de manifestación de manera pacífica y democrática. La universidad confía en "un juicio justo y un desenlace absolutorio" y se pone a disposición de los estudiantes para lo que necesiten desde el punto de vista académico y personal. Está previsto que el juicio acabe este viernes con las declaraciones de los acusados.