PARTIDOS CORRUPCIÓN
Casado descarta expedientar a Cospedal porque no es cargo público
Al contrario que hizo con Fernández Díaz al ser imputado por la Kitchen || La OCU señala movimientos de 6 millones de Zaplana en Andorra fruto de comisiones
Cospedal fue un gran apoyo para Casado en las primarias que le llevaron a liderar el PP.
El Comité de Derechos y Garantías del PP, presidido por Andrea Levy, ha acordado no abrir expediente informativo a María Dolores de Cospedal, imputada en el caso Kitchen, porque “la presunta conducta no resulta del ejercicio de un cargo público o representativo”. El PP informó ayer de la resolución adoptada en la reunión de este órgano del partido para analizar la situación de la ex secretaria general, que, al igual que su marido, Ignacio López del Hierro, han sido imputados por el juez del caso Kitchen sobre el espionaje al extesorero Luis Bárcenas en 2013.
Ambos han sido imputados por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, al tiempo que han sido emplazados a declarar los próximos días 29 y 30 de junio, respectivamente.
Según los estatutos del partido
El citado comité entiende que será el juzgado encargado de la instrucción -el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- el que deba dilucidar si Cospedal ha incurrido en un ilícito penal o no. Y lo basa en el artículo 22.1 de los estatutos del partido y en el 19.2, que establecen los plazos de prescripción de las supuestas infracciones cometidas por un afiliado.
Sin embargo, el PP sí anunció en septiembre del año pasado la apertura de expediente informativo al exministro Jorge Fernández Díaz tras ser imputado en el caso Kitchen tras conocer que había sido citado como imputado. Ya no ocupaba cargo público porque el PP lo había dejado fuera de las listas electorales de noviembre de 2019.
Entretanto, el último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el Caso Erial y en relación con Eduardo Zaplana identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por este imputado para el cobro de comisiones.
La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las ITV, y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.
