Denuncian que los Mossos acusan a Vivet y otro joven del mismo hecho

Alerta Solidària, que ejerce la defensa del activista independentista Marcel Vivet, condenado a cinco años de prisión por lesionar a un agente de los mossos en una protesta en 2018 en Barcelona, pidieron ayer la revocación de la pena tras denunciar que la policía catalana inició una investigación paralela a la del condenado que acusa a otro joven, Adrià, de los mismos hechos, en la misma manifestación y usando el mismo atestado. Este último, está pendiente de juicio y para él la fiscalía pide 8 años de prisión.

La defensa sostiene que esto es un caso intencionado de “duplicidad” y práctica “corrupta” en las investigaciones y por eso, además de la revocación de la sentencia inmediata contra Marcel, piden también el archivo y absolución de la causa contra Adrià y una “depuración” de responsabilidades al cuerpo policial y la Generalitat, ya que creen que Interior estaba al corriente de todo. De hecho, aseguraron que es porque conocían esta duplicidad que el Govern se retiró de la acusación contra Adrià poco después del juicio contra Marcel, en la que sí que era acusación. Los Mossos, por su parte, negaron que atribuyeran el mismo hecho a dos personas diferentes.

En relación a la condena de Vivet, los grupos independentistas y los comuns aprobaron una declaración en el Parlament condenando la “desproporcionalidad de la pena” y en la que piden al Govern que se retire de todas las acusaciones contra activistas. No obstante, las interpretaciones de este último punto provocó tensiones entre la CUP y ERC. Los anticapitalistas reclaman a la Generalitat que deje de ser acusación en todas las causas, incluso cuando un mosso sea agredido. En cambio, desde ERC defendieron que hoy por hoy, por ley, el Govern debe defender a los agentes si hay lesiones. En Lleida hubo concentraciones contra la condena en varias localidades.

La Eurocámara pide levantar su inmunidad

El Parlamento Europea ha reclamado al Tribunal General de la Unión Europea que levante la inmunidad concedida de forma cautelarísima a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los servicios jurídicos piden en sus observaciones sobre la petición de cautelares que se les retire la protección parlamentaria mientras el TGUE resuelve la demanda de fondo.