ECONOMÍA MOROSIDAD
El antiguo dueño de Boí Taüll, de los
La constructora Nozar, propietaria hasta 2014, adeuda 1,3 millones de euros || Un total de 17 contribuyentes acumulan una deuda superior a los 36 millones
Imagen de archivo de la estación de esquí de Boí Taüll repleta de esquiadores en enero de 2020.
Diecisiete contribuyentes catalanes debían un total de 36,7 millones de euros a la Agència Tributària de Catalunya a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la lista que ha dado a conocer la Generalitat y que incluye a las personas físicas o jurídicas que tienen una deuda superior al millón de euros. Entre ellos se encuentra la constructora Nozar, la que fuera dueña hasta 2014 de las instalaciones de Boí Taül, que en total debe a la hacienda catalana 1,36 millones de euros.
El grupo se vio obligado a ceder al Govern la titularidad de la estación leridana en 2014, después de 14 años al frente, por el impago de un crédito de 7,3 millones de euros. En 2018, la Generalitat asumió también la explotación de las instalaciones, al no poder abonar esta el alquiler que se le exigía.
Con todo la lista de mayores deudores la encabezan dos particulares, María Carmen Ballbé Anglada, con 3,59 millones de euros; y María del Mar Ballbé Anglada, con 3,52 millones; seguidas de la empresa Moramar, una sociedad vinculada a una sala de bingo de Barcelona que cuenta con una deuda de 3,37 millones.
A continuación, aparecen Ana María Borrell Marin (3,08 millones); la compañía de aguas Riera de Cabanyes y Rec Madral (con 2,91 y 2,68 millones, respectivamente); Carmen Elena Blazquez del Pozo (2,6 millones); Recreativos Caballeros (2,09 millones); Víctor Juan Fontfreda Puig (1,89 millones); y la constructora Ibupe Rehabilitación (1,60 millones).
La lista la cierran Miguel dels Sants Anglada Puigcerver (1,54 millones); Nancy Janneth Suárez Cáceres (1,53); Luis Ventura Elias (1,49 millones); Nozar (1,36 millones); Natividad Casanovas Solanes (1,27 millones); Hato Verde Golf SL (1,07 millones); y Comunitat d’Aïgues SL (1,05 millones).
En 2019, el primer año en el que se publicó esta información incluida en el plan del Govern para reducir el fraude fiscal, la lista estaba integrada por 9 personas, que sumaban deudas y sanciones por un importe de 14,8 millones de euros, una cantidad que se vio más que duplicada el pasado año. El aumento se debe al hecho de que se han incorporado pagos pendientes de procesos judiciales.
